La víctima sufrió abusos entre los 11 y los 15 años. Los hechos derivaron en un embarazo que la víctima llevó adelante. Él asumió la culpa en un juicio abreviado.
“Yo quiero tener la seguridad de que cuando salga no se va a acercar a mí ni a nadie de mi familia”, dijo el martes la víctima tras confirmar que consentía el acuerdo de juicio abreviado en el que resultó condenado el hombre que abusó de ella durante más de 4 años. La pena de 12 años que afrontará la expareja de su madre, que vivió con ellas en una localidad del norte puntano, es por abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente siendo la mujer menor de edad.
El debate comenzó el lunes, cuando la fiscal de Juicio, Virginia Palacios, y el defensor del acusado, Javier Rezzano, propusieron el acuerdo al tribunal. El hombre de alrededor de 40 años llegó a la audiencia cumpliendo una prisión preventiva desde hace casi un año y ayer fue notificado de que la pena que deberá cumplir asciende a los 12 años de prisión.
Los abusos comenzaron con insinuaciones cuando la víctima tenía 11 años y escalaron hasta el acceso carnal. Las vejaciones derivaron en un embarazo cuando la joven tenía 15 años. Ella decidió cursarlo y terminó dando a luz a una niña. Por ello, y para preservar la identidad de la menor, no se hace alusión a los datos filiatorios de la víctima, ni del victimario.
La requisitoria de la Fiscalía de Instrucción apuntaba a lograr una pena efectiva de 17 años de cárcel, pero el acuerdo derivó en una sanción cinco años menor. Si bien el acusado asumió los hechos y haber sido partícipe de ellos, sin los elementos probatorios de los que fue dotada la causa hubiese sido imposible llegar a una condena.
El presidente del tribunal, José Luis Flores, se dirigió directamente a la mujer que había denunciado los hechos: “¿Usted está de acuerdo en que no se lleve a cabo el juicio oral, en donde se debe ventilar la prueba, y que se haga un juicio abreviado?”. La mujer tomó la palabra y en medio del llanto dijo: “Sí, yo quiero que pague por todo el daño que ha hecho”.
Tras ello, el magistrado enumeró las pruebas que figuraban en el expediente. Declaraciones de testigos, de profesionales, de la víctima y una prueba de ADN que certifica en un 99,9% que el condenado es el padre de la hija de la mujer. “Si bien los delitos de índole privada son difíciles de probar, los tribunales han generado jurisprudencia para llegar a veredictos que se ajusten a la Constitución”.
Además, Flores apuntó que la víctima debería llevar adelante una terapia psicológica que ayude a procesar los hechos vividos. La fiscal coincidió y mencionó que instrumentará las acciones necesarias para que así sea. El presidente del tribunal ordenó además que le sean informados a la víctima todos los movimientos y actuaciones respecto del condenado. La medida es en respuesta al pedido de ella, que actualmente es mayor de edad, por su seguridad y la de su hija.
