En un comienzo de semana cargada de tensiones y expectativas respecto de la reacción de la economía a los anuncios formulados el pasado viernes por el gobierno nacional y con una inflación por encima de los supuestos de la administración Milei, se le suma la quita de subsidios a las exigencias del FMI en relación el préstamo aprobado la semana pasada.
Diferentes y prestigiosos medios económicos nacionales aseguran que la política de eliminación de los subsidios al consumo de electricidad y gas habrá de incrementarse durante el año en curso.
El mes pasado el gobierno actualizó las tarifas de ambos servicios y hasta tanto haya definiciones concretas en el marco de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) los incrementos tarifarios seguirán a la inflación, definición que no aplica a las cooperativas de Chubut que deben solicitar autorización para incrementar sus tarifas aunque crezca el valor de la energía que adquieren para luego distribuir a los usuarios.
El gobierno pasó a mayo los aumentos de luz y gas en el marco de esquema de ajuste automático mensual, según una fórmula establecida vinculada a la inflación, que tendrá vigencia por cinco años.
A pesar del incremento el gobierno nacional no hizo modificaciones en los montos de subsidios que reciben los 3 segmentos en los dividió a los consumidores vinculado tal segmentación a los ingresos.
Las boletas de luz y gas incluyen el costo de tres componentes en su precio final: el de generación eléctrica o producción de gas; el del transporte a los centros de consumo, y el de distribución entre todos los hogares, industrias y comercios, Además, están los impuestos y cargos nacionales, provinciales y municipales.
El acuerdo con el FMI incluye que siga la quita de subsidios.
Con la caída de los subsidios y el aumento tarifario, lo que paga la demanda cubre un porcentaje, no el total, del costo de generación, porcentaje que ha ido aumentando sensiblemente desde el gobierno de Milei, de acuerdo al mas reciente informe del Instituto Argentino de la Energía.
Este escenario de aumento tarifario y baja de los subsidios del estado al consumo no tendrá cambio alguno, sino que por el contrario se mantiene y profundiza.
“El gobierno de Javier Milei se prepara para definir un nuevo esquema de subsidios para las tarifas de electricidad y gas natural que empezará a regir antes de que termine el año. El objetivo de la medida será seguir recortando los subsidios, sobre todo para la clase media, para avanzar con el plan de ajuste del gasto público y la desregulación el sistema energético.” señaló la prensa económica porteña apenas conocida la aprobación del préstamo a Argentina por parte del directorio del FMI.
Alrededor de 3 millones de usuarios considerados de clase media dejaran de recibir el beneficio y “El FMI proyectó que el gasto en subsidios podría pasar del 1,1% del PBI en 2024 al 0,5% en el 2025. Desde la asunción de la administración libertaria en diciembre del 2023, las tarifas de electricidad aumentaron un 264% y un 622% las de gas, según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet”.
Según se desprende del último «Staff Report» del FMI, el Gobierno debe difundir en noviembre de este año un informe sobre las empresas públicas contempladas en la Ley Bases, junto con un plan para su privatización o concesión.
Además, para el mismo mes tendrá que implementar la resolución 21/2025 para avanzar en la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), mientras que para diciembre se espera la eliminación total de los fondos fiduciarios, a excepción de aquel destinado al subsidio de gas residencial.
Entre los objetivos del mismo período se incluye la eliminación progresiva de la segmentación tarifaria para ir hacia un esquema único complementado con tarifa social. Asimismo, se exige que presente ante el organismo multilateral de crédito una propuesta de reforma tributaria integral.
En tanto, para septiembre próximo pide que ingrese al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 2026; que se publique el marco fiscal de mediano plazo junto a un informe de riesgos fiscales, y un plan para eliminar los fondos fiduciarios remanentes.
