Alarma en discapacidad: advierten que un nuevo proyecto de ley podría dejar sin cobertura a miles de personas
Un fuerte llamado de atención surgió desde instituciones que trabajan con personas con discapacidad tras la presentación de un proyecto de ley que ya genera preocupación en el sector. La iniciativa, impulsada a nivel nacional bajo el argumento de combatir el fraude en pensiones por invalidez, es cuestionada por sus posibles consecuencias sociales.
Durante una entrevista en La Mañana de Mercedes, Alina —referente institucional del ámbito— advirtió que la propuesta no fue consensuada con quienes trabajan diariamente con esta realidad y que podría impactar de manera directa en derechos básicos.
Un cambio de enfoque que genera preocupación
Según explicó, el proyecto plantea modificar el concepto actual de discapacidad, reemplazándolo por uno centrado exclusivamente en la “invalidez laboral”. Esto implicaría que muchas personas que hoy reciben una pensión podrían perderla si no se encuadran dentro de ese criterio más restrictivo.
Además, se prevé la realización de auditorías masivas que podrían derivar en la suspensión automática de beneficios ante inconsistencias, incluso por errores administrativos.
Pensiones en riesgo y sin compatibilidad laboral
Otro de los puntos críticos es la incompatibilidad entre el cobro de pensiones y cualquier tipo de actividad laboral, incluso en contextos de inclusión o entrenamiento.
Desde el sector advierten que esta medida desconoce la realidad: una gran mayoría de personas con discapacidad no logra acceder a empleo formal, y quienes lo hacen suelen participar en programas temporales o de baja remuneración.
Impacto en el sistema prestacional
El proyecto también propone eliminar el nomenclador único de prestaciones, lo que podría derivar en una fuerte desigualdad en el acceso a servicios.
En ese escenario, cada obra social o entidad fijaría sus propios valores, generando un sistema fragmentado donde la cobertura dependería de la capacidad económica o del tipo de afiliación.
Traslado de responsabilidades a las provincias
Otro aspecto que genera inquietud es la posibilidad de que el Estado nacional reduzca su participación, trasladando la carga a provincias y municipios sin garantizar los recursos necesarios.
Esto podría comprometer la continuidad de tratamientos, prestaciones y servicios esenciales.
Preocupación en el territorio
Desde las instituciones locales remarcan que el impacto no solo alcanzaría a las personas con discapacidad, sino también a sus familias y a los trabajadores del sector.
Además, alertan sobre un contexto ya complejo, donde muchas organizaciones enfrentan dificultades para sostener sus actividades y recurren a estrategias solidarias para cubrir gastos básicos.
Pedido de diálogo
Frente a este escenario, el sector reclama la apertura de instancias de diálogo con legisladores y autoridades para revisar el proyecto y garantizar que cualquier modificación contemple la realidad social.
“Las personas con discapacidad deben ser escuchadas. Son quienes viven estas situaciones todos los días”, remarcaron.
