Alerta en la Quinta de Olivos: Amenaza de bomba moviliza a la Policía Federal
Una amenaza de bomba conmocionó este lunes al mediodía la Quinta Presidencial de Olivos, residencia oficial del presidente Javier Milei, tras un llamado anónimo al 911 que alertó sobre un supuesto artefacto explosivo en el predio. El operativo, encabezado por la Brigada Antiexplosivos de la Policía Federal Argentina (PFA), se desplegó rápidamente en la intersección de avenida Maipú y calle Villate, en el partido de Vicente López, donde se restringió el tránsito y se suspendieron los accesos al lugar.
Detalles del operativo
El alerta se recibió pasadas las 12:30, cuando una voz femenina advirtió a la Policía Bonaerense, a través del 911, que había colocado una bomba en la residencia presidencial. Según fuentes policiales citadas por Infobae y Ámbito, la Dirección General de Operaciones notificó de inmediato a la PFA, que activó el protocolo de seguridad. Dos brigadas antiexplosivos, apoyadas por personal de la División Delitos Constitucionales, realizaron una inspección exhaustiva del interior y exterior del predio, utilizando perros y detectores especializados. También participaron Bomberos de Vicente López, Tránsito y Defensa Civil.
Hasta el momento, no se encontraron explosivos ni elementos sospechosos, pero el operativo continúa para garantizar la seguridad. El presidente Milei, que se encontraba en la Quinta desarrollando actividades, no fue evacuado, y las autoridades mantienen un cerco preventivo en la zona, incluyendo la calle Villate y avenida Maipú.
Contexto de amenazas previas
La Quinta de Olivos no es ajena a este tipo de incidentes. En febrero de 2024, un joven de 24 años fue detenido tras amenazar verbalmente a la custodia presidencial, diciendo: “Ahí le dejé una bomba”. En 2017, tanto la Quinta como la Casa Rosada recibieron amenazas similares vía 911, investigadas por el juez federal Sergio Torres, sin hallazgos de artefactos. Estos antecedentes sugieren que muchas de estas alertas son falsas, aunque todas activan protocolos estrictos debido a la gravedad potencial.
La investigación, a cargo de la Justicia Federal, busca identificar a la autora del llamado, rastreando el origen de la línea telefónica. Las autoridades no descartan que se trate de una intimidación o una broma, pero subrayan que estos actos tienen consecuencias penales, como el delito de intimidación pública. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no se pronunció públicamente, pero su cartera sigue de cerca el caso.
