En una declaración que ha sacudido tanto el ámbito de la salud pública como el legal, el gobierno de Javier Milei ha iniciado los trámites para retirar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud
Esta decisión fue confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien aseguró que el proceso seguirá los cauces legales, aunque el debate sobre su viabilidad y consecuencias ya ha comenzado.
El Artículo 75 Inciso 22 de la Constitución Nacional de Argentina establece que cualquier acción referente a tratados internacionales, como lo es la membresía en la OMS, debe ser aprobada por el Congreso. Así, el gobierno deberá presentar un proyecto de ley para la denuncia del tratado que ha mantenido a Argentina dentro de la OMS desde 1948. Este proyecto tendrá que pasar por la discusión y votación en ambas cámaras legislativas, requiriendo en cada una una mayoría simple para su aprobación. Dado el panorama político actual, con un Congreso donde el oficialismo no posee la mayoría, el éxito de este proyecto no está garantizado.
La retirada de la OMS no solo es un tema de política exterior o sanitaria; es un asunto que pone a prueba la interpretación y aplicación de la Constitución Nacional. Expertos en derecho constitucional han señalado que cualquier intento de retirada sin el debido consentimiento legislativo podría ser considerado inconstitucional, abriendo la puerta a posibles impugnaciones legales. Este proceso legal también incluye la notificación formal a la OMS una vez aprobada la ley, con la retirada efectiva un año después de dicha notificación.
Las reacciones a esta decisión han sido variadas. Desde el sector salud, figuras como el ministro Nicolás Kreplak han expresado preocupación por las posibles repercusiones en la cooperación internacional y el acceso a programas de salud y vacunación. En la esfera pública, el debate en redes sociales muestra una división clara: mientras algunos aplauden lo que ven como un acto de soberanía, otros temen el aislamiento sanitario que podría enfrentar Argentina.
Las consecuencias prácticas de esta retirada podrían ser significativas. Sin la membresía en la OMS, Argentina podría perder acceso a la cooperación técnica, la información científica y los recursos compartidos durante emergencias sanitarias globales. Además, la medida podría tener implicaciones en las relaciones internacionales, aunque el gobierno ha aclarado que la relación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) continuaría sin alteraciones.
En términos económicos, la retirada podría tener un impacto dual. Por un lado, el gobierno argumenta que esto liberaría al país de lo que perciben como imposiciones burocráticas de la OMS, permitiendo políticas de salud más autónomas que podrían traducirse en ahorros o mejoras en la eficiencia de gasto público en salud. Sin embargo, por otro lado, la pérdida de acceso a fondos internacionales y programas cooperativos podría aumentar los costos de salud pública para Argentina. La necesidad de negociar directamente con fabricantes de vacunas y medicamentos, sin el respaldo de la OMS, podría significar precios más altos y una mayor carga para el presupuesto nacional.
En la esfera pública, el debate en redes sociales muestra una división clara: mientras algunos aplauden lo que ven como un acto de soberanía, otros temen el aislamiento sanitario que podría enfrentar Argentina.
El vocero Adorni ha insistido en que este proceso se realizará conforme a la ley y que la retirada no afectará negativamente la calidad de los servicios de salud en Argentina, argumentando que el país no depende financieramente de la OMS. Sin embargo, el camino hacia la retirada está plagado de incertidumbres legales, políticas y sociales. Con un Congreso dividido y una comunidad internacional observando, los próximos meses serán decisivos para determinar el futuro de la política sanitaria argentina en el contexto global.
