El Gobierno argentino intimó formalmente al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Además, el presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado a iniciar un procedimiento de arbitraje internacional.
La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente de la República Argentina y tiene como eje el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la denominada Cuenca Malvinas Norte.
De acuerdo con el comunicado oficial, el Ejecutivo ordenó iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El objetivo planteado por Argentina es impedir la explotación de los recursos hidrocarburíferos y evitar el otorgamiento de nuevos permisos relacionados con los recursos naturales existentes en la Plataforma Continental Argentina.
El Gobierno fijó además un plazo de dos semanas para que el Reino Unido adopte medidas destinadas a detener esas actividades. En caso de que Londres no responda al requerimiento, Argentina anticipó que solicitará ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar la adopción de medidas provisionales para preservar los derechos soberanos que reclama sobre su plataforma continental.
En los fundamentos de la presentación, el Ejecutivo recordó la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas.
También mencionó la Resolución 31/49 de Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe pendiente el proceso recomendado para alcanzar una solución de la controversia.
El proyecto Sea Lion se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y es impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. En paralelo a la ofensiva diplomática, durante septiembre la Justicia Federal de Río Grande dictó una medida cautelar que ordenó a ambas compañías abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar el proyecto.
El comunicado presidencial abrió además otro frente vinculado con la actividad aérea en el Atlántico Sur. El Gobierno informó que detectó operaciones de la empresa Thales UK Limited en la ruta entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, Chile, mediante una aeronave con matrícula británica y, según las autoridades argentinas, sin autorización nacional.
Ante esa situación, Milei ordenó iniciar de manera urgente procedimientos sancionatorios y denuncias penales, además de las correspondientes gestiones diplomáticas.
El Gobierno también rechazó la respuesta británica a las declaraciones realizadas por Milei ante la Asamblea General de Naciones Unidas y sostuvo que tanto la denominación británica de las islas como “Territorio Británico de Ultramar” como el referéndum realizado en 2013 no modifican la existencia de la disputa de soberanía reconocida en el ámbito de Naciones Unidas.
La nueva medida profundiza una serie de acciones que el Ejecutivo viene desarrollando frente al avance del proyecto Sea Lion. A comienzos de septiembre, el Gobierno había anunciado nuevas herramientas legales y políticas destinadas a responder al desarrollo petrolero, mientras que posteriormente la Cancillería presentó protestas formales ante representantes del Reino Unido e Israel.
“La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza”, sostuvo el comunicado presidencial.
El documento concluyó con una definición histórica de la posición argentina sobre el archipiélago: “Las Malvinas son argentinas”.
