
El Gobierno argentino decidió postergar su candidatura para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2026-2028, según confirmaron fuentes oficiales este lunes 1 de septiembre de 2025. La decisión, comunicada a la representación nacional en Ginebra, responde a una estrategia de priorizar la defensa de la soberanía nacional frente a lo que el Ejecutivo considera agendas ideológicas en organismos multilaterales.
La medida generó críticas de Amnistía Internacional, que cuestionó el retroceso en el compromiso del país con los derechos humanos a nivel global.El Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 estados, es el principal organismo de la ONU encargado de promover y proteger los derechos humanos en el mundo. Argentina, que ocupó un asiento en el período 2022-2024 y presidió el Consejo en 2022, optó por no renovar su candidatura, rompiendo con una tradición de participación activa. Según fuentes diplomáticas, la decisión refleja una postura crítica hacia el organismo, al que el gobierno percibe como influenciado por intereses que no reflejan la realidad nacional. En su lugar, Argentina buscará fortalecer sus políticas de derechos humanos a través de instituciones propias.Amnistía Internacional expresó su preocupación por la retirada, calificándola como un “paso atrás” en el liderazgo regional de Argentina en materia de derechos humanos. La organización destacó que el país, históricamente reconocido por su lucha contra la impunidad de los crímenes de la dictadura (1976-1983), debería mantener su presencia en el Consejo para influir en estándares internacionales. “Esta decisión debilita los esfuerzos globales por la justicia y la protección de los derechos humanos, especialmente en un contexto de crecientes desafíos”, señaló un comunicado de la ONG.El anuncio se produce en un momento de tensiones internas, con debates sobre la independencia judicial y las políticas de seguridad, como las recientes críticas de la ONU al nombramiento de jueces de la Corte Suprema por decreto. La investigación sobre las filtraciones de audios en la Casa Rosada, que involucran acusaciones de espionaje, también suma presión al Ejecutivo. La postergación de la candidatura podría interpretarse como un repliegue estratégico en el ámbito internacional, mientras el gobierno enfrenta cuestionamientos internos y externos.