Autos, inmuebles, comercios y dinero: el histórico decomiso a la banda narco que operaba desde la cárcel
La sentencia del Tribunal Oral Federal de San Luis que condenó a Rafael Dante Churquina, Hedel Daniel Becher y Efraín David Cortez incluyó una de las decisiones patrimoniales más amplias dictadas en la provincia en causas de criminalidad organizada, con el decomiso de vehículos, inmuebles, fondos de comercio, dinero en efectivo y numerosos bienes secuestrados.
Además de las penas de prisión y las multas millonarias, el Tribunal ordenó una extensa batería de incautaciones al considerar que los bienes formaron parte de los instrumentos, el producto o el provecho económico de la actividad ilícita vinculada al narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción penitenciaria.
La resolución fue dictada tras una jornada en la que los imputados optaron por no hacer uso de la última palabra, se rechazaron los planteos de nulidad de las defensas y, finalmente, se fijaron tanto las condenas como las consecuencias patrimoniales. En el fallo, el Tribunal dejó expresamente a salvo los derechos de restitución o indemnización de eventuales damnificados y de terceros que acrediten haber adquirido bienes a título oneroso y de buena fe.
Bienes secuestrados en comercios
Entre las principales medidas, se dispuso el decomiso definitivo de los bienes incautados en un local comercial vinculado a la organización, ubicado en la esquina de Presidente Perón y Remedios de Escalada, en Villa Mercedes. Allí se secuestraron seis bicicletas, veinticinco motocicletas 0 km sin patentar, una motocicleta con dominio colocado, dos balanzas comerciales, una cortadora de fiambre, un televisor de 42 pulgadas, dos heladeras y dos lavarropas nuevos, elementos que el Tribunal consideró parte de la operatoria económica del grupo.
Vehículos y testaferros
La sentencia también alcanzó a una extensa nómina de vehículos asociados a los condenados y a personas consideradas testaferros o terceros beneficiados por la maniobra. Entre ellos figuran automóviles Volkswagen Gol (en distintas versiones), Fiat Palio Fire, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Ford Ka, Toyota SW4, Audi TT, Ford EcoSport, Volkswagen Gol Trend, Renault Duster Oroch, Land Rover Discovery y una Ford Transit, todos debidamente individualizados en el fallo con sus respectivos dominios.
Inmuebles y fondos de comercio
En materia inmobiliaria, el Tribunal ordenó el decomiso de una propiedad ubicada en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Libertad, en la localidad de Justo Daract, así como de dos terrenos con frente a la calle León Guillet, en Villa Mercedes, incorporados a la estructura patrimonial del grupo a fines de 2022.
La decisión incluyó además dos fondos de comercio utilizados, según se probó en el debate oral, para canalizar dinero de origen ilícito: el Autoservicio Los Rodríguez, en Villa Mercedes, y el Fondo de Comercio Luli, ubicado sobre avenida Presidente Perón y Santa Fe, considerados piezas clave en la maniobra de lavado de activos.
Dinero y dispositivos electrónicos
Respecto del dinero secuestrado, se ordenó el decomiso de $613.180 hallados en poder de Becher, junto con 2.980 dólares y 5 euros, cuya procedencia lícita no fue acreditada. A ello se sumaron pagarés y otras instrumentaciones financieras consideradas vinculadas a la operatoria criminal.
Finalmente, el Tribunal dispuso el decomiso de todos los dispositivos electrónicos secuestrados —teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y contadoras de dinero— tanto en domicilios particulares como en la celda que ocupaba Churquina en el Servicio Penitenciario y en comercios relacionados con la causa.
Administración y destino de los bienes
La sentencia ordenó mantener y renovar las medidas cautelares sobre los bienes que aún no registraban embargos, designando como depositarios judiciales a los actuales tenedores. También se dispuso la inscripción de medidas de no innovar sobre los fondos de comercio, cuya administración quedó a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, y la destrucción de los elementos que no sean objeto de decomiso ni restitución una vez vencidos los plazos legales.
Aunque el fallo puso el eje en la responsabilidad penal por delitos que afectaron la salud pública, el orden económico y la administración pública, el decomiso aparece como una consecuencia central del proceso, orientada a desarticular la estructura económica de la organización y a impedir que los beneficios del delito vuelvan a ingresar al circuito legal.
