Avanza la investigación por el Molino Fénix: Olguín confirmó que habrá acusaciones antes de fin de año
El fiscal de Instrucción José Olguín brindó detalles sobre la causa que investiga presuntas irregularidades en la administración de la Casa de la Música y el complejo Molino Fénix de Villa Mercedes. El funcionario judicial remarcó que la investigación “está en plena marcha” y que, pese a las dificultades, antes de fin de año podrían presentarse las primeras acusaciones formales.
“La primera parte de la investigación ya está prácticamente concluida y ratificada por el Tribunal de Impugnación. La segunda es la más compleja, porque tenemos que reconstruir toda la documentación contable que fue destruida o desaparecida. Eso lleva tiempo, pero avanzamos todos los días”, explicó Olguín.
Documentación destruida y sospechas de irregularidades
El fiscal subrayó que el punto más delicado es la desaparición de la documentación oficial. Según relató, existen testimonios y registros fílmicos que muestran a empleados cargando carpetas, libros de actas y cajas con papeles para ser descartados.
“Si alguien quemó o hizo desaparecer los papeles que acreditaban una buena gestión, es lógico pensar que había cosas para ocultar”, afirmó.
Olguín indicó que se investiga si parte de esos movimientos encubrieron pagos irregulares mediante facturas falsas o sobre facturación. Incluso se detectaron “honorarios especiales” que habrían servido para canalizar dinero hacia militantes políticos vinculados al complejo cultural.
“Tenemos acreditado que personas que ingresaron por el Plan de Inclusión cobraban un plus a través de facturas emitidas por terceros. Eso se documentó y forma parte del expediente”, aseguró.
Reconstrucción contable y dificultades técnicas
El trabajo de la fiscalía incluye la reconstrucción de balances a partir de informes bancarios, pericias contables y cotejo con declaraciones impositivas. “No se trata de mirar un número final —aclaró Olguín—, porque los balances siempre cierran en cero. Lo complejo es analizar cada gasto y verificar si la factura corresponde, si la empresa existe y si realmente prestó el servicio”.
El fiscal dio ejemplos concretos:
- Gastos de comida justificados con facturas de ferreterías.
- Transferencias bancarias a empresas de rubros totalmente distintos al declarado.
- Facturas de honorarios sin contraprestación comprobable.
“Es como armar un rompecabezas con papeles rotos. Todo debe ser cotejado con los bancos, la AFIP y los registros contables. Es un proceso muy técnico y extenso”, explicó.
Refuerzo de las áreas de investigación
Olguín también planteó la necesidad de modernizar y ampliar el área de Delitos Complejos de la Justicia provincial.
“Prácticamente no tenemos equipamiento. Muchas veces se trabaja con computadoras personales de empleados. Para investigar delitos económicos y ciberdelitos necesitamos contadores, peritos informáticos y especialistas bancarios. Hoy esos son los delitos que más crecen y más daño causan”, advirtió.
La presión social y los tiempos judiciales
El fiscal se refirió a la impaciencia social y a las críticas que apuntan a una supuesta lentitud en el avance de la causa.
“La gente a veces cree que está frenada, pero no es así. No se trata de sangre inmediata, sino de pruebas sólidas. Hay momentos muy dinámicos en una investigación y otros en que dependemos de respuestas externas, como las pericias bancarias. Eso genera dilaciones inevitables”, explicó.
En este sentido, reiteró que el objetivo es lograr una acusación firme antes de fin de año, sustentada en pruebas consistentes.
Debate sobre la prisión preventiva y la reiterancia
En la entrevista, Olguín también se pronunció sobre la polémica en torno al uso de la prisión preventiva y la valoración de la reiterancia en delitos comunes.
“Si una persona tiene cinco o seis formulaciones de cargos en pocos meses, evidentemente no respeta la ley. Algunos jueces dicen que no hay peligro procesal, pero ya lo demostró en la práctica. No se trata de un caso hipotético: esa persona vuelve a delinquir y así lo demuestra su historial”, remarcó.
El fiscal rechazó las críticas que hablan de un supuesto uso abusivo de estas medidas:
“Yo soy garantista porque respeto el proceso y las condiciones de detención. Pero el garantismo no significa convertir la ley en un juego de formalidades que terminan favoreciendo al imputado”.
Respuesta a cuestionamientos en otra causa
Finalmente, Olguín respondió a declaraciones de la defensora oficial en la causa por la muerte de Marta Magallán, quien lo había responsabilizado por no haber procesado al imputado en un hecho anterior.
“Es gravísimo que un abogado defensor diga eso, porque está admitiendo la culpabilidad de su cliente. Jamás escuché algo semejante en 22 años de ejercicio”, sostuvo.
