Baja de la edad de imputabilidad y causa El Caburé: la mirada crítica del Dr. Pascual Celdrán sobre la inseguridad, la ley y la investigación del maíz
El abogado Pascual Celdrán analizó en una entrevista radial dos temas que hoy atraviesan el debate público: la baja de la edad de imputabilidad y el avance de la causa vinculada al campo El Caburé. Con un discurso frontal, cuestionó tanto la forma en que se impulsan las reformas penales como el funcionamiento de las instituciones encargadas de aplicar la ley.
Durante la charla, sostuvo que el régimen penal juvenil “había quedado desactualizado” frente a la realidad actual, aunque remarcó que una eventual baja de la edad de imputabilidad no resolverá por sí sola el problema de la inseguridad. A su criterio, el eje no pasa únicamente por endurecer normas, sino por dotar al Estado de herramientas concretas para intervenir.
“No alcanza con bajar la edad”
Celdrán consideró que, desde el punto de vista profesional, era necesario revisar el esquema vigente, pero advirtió que el cambio legal debe ir acompañado de infraestructura, contención y políticas públicas reales.
Explicó que muchas veces se confunde imputabilidad con encarcelamiento, cuando en realidad se trata de la posibilidad de reprochar penalmente una conducta y abrir un proceso judicial. En ese marco, señaló que el debate no debería agotarse en si un menor de 14 años puede o no ser imputado, sino en qué hará el Estado una vez que ese menor ingrese al sistema.
Según planteó, si se avanza en una reforma sin institutos adecuados, sin lugares específicos para alojar y tratar a adolescentes en conflicto con la ley y sin mecanismos de reinserción, el resultado será insuficiente. “Si se lo imputa pero después vuelve a la calle, no cambia nada”, resumió.
Inseguridad, falta de contención y respuesta estatal
En otro tramo de su análisis, el letrado apuntó a un problema estructural más amplio. Dijo que el aumento del delito no puede explicarse sólo desde la edad de los autores, sino también desde la falta de prevención, la debilidad del sistema de seguridad y la ausencia de contención social.
En ese sentido, mencionó la escasez de cámaras, móviles, personal policial preparado y salarios adecuados para las fuerzas de seguridad. También vinculó la problemática con consumos problemáticos, contextos familiares vulnerables y ausencia de políticas estatales de seguimiento sobre niños y adolescentes.
Para Celdrán, el error es presentar la baja de imputabilidad como una solución mágica. Afirmó que esa mirada responde más a una “demagogia legislativa” que a una reforma seria y profunda, y cuestionó que muchas leyes se elaboren sin suficiente respaldo técnico ni experiencia concreta en derecho penal.
Críticas a la violencia y a la justicia por mano propia
El abogado también se mostró preocupado por el clima social actual y por la naturalización de respuestas violentas ante situaciones de conflicto. Señaló que desde ciertos discursos públicos se alienta una lógica de confrontación permanente, donde cualquier hecho puede derivar en una reacción extrema.
Advirtió que cuando la ciudadanía percibe que las instituciones no responden, aumenta la tentación de resolver todo por mano propia, algo que consideró peligroso. En su visión, el problema de fondo no es sólo jurídico, sino también cultural y político: una sociedad cada vez más irritable, con menor confianza en la Justicia y con señales contradictorias desde el poder.
El Caburé: denuncias, sospechas y cuestionamientos a la investigación
En la segunda parte de la entrevista, Celdrán se refirió a la causa de El Caburé, en la que dijo haber intervenido como denunciante en representación de una de las partes en el expediente vinculado al maíz.
Allí sostuvo que, a su entender, el caso presenta irregularidades graves y afirmó que existen conductas que, según su interpretación, deberían ser investigadas con mayor profundidad. En particular, mencionó al funcionario Ricardo Andrés Basla, sobre quien expresó su opinión respecto de posibles responsabilidades penales, aunque aclaró que será la Justicia la que deberá determinar si corresponde o no avanzar en ese sentido.
Celdrán insistió en que su postura no responde a una cuestión personal, sino a su lectura del expediente y de la prueba incorporada. Dijo además que reclamó que la investigación no se limite a unos pocos nombres y que alcance a todos los involucrados que, según su criterio, tuvieron participación en la extracción y traslado del maíz.
“Que la Justicia actúe libremente”
El abogado aseguró que lo central es que la Justicia pueda actuar “sin presiones” y con el mismo criterio para todos. También cuestionó lo que definió como un uso político y mediático de determinadas causas judiciales, y dijo sentirse expuesto por sostener públicamente sus posiciones.
En ese contexto, enumeró una serie de hechos que, según afirmó, deberían ser esclarecidos: desde la forma en que se habría organizado la extracción del maíz hasta documentación que, siempre según su versión, presentaría inconsistencias en fechas o alcances administrativos.
Finalmente, sostuvo que el punto central sigue sin respuesta: qué ocurrió con el maíz de unas 2.000 hectáreas y por qué, a su entender, todavía no hubo una explicación convincente para la sociedad.
La entrevista dejó expuesta una posición crítica y sin matices. Celdrán respaldó la necesidad de discutir reformas penales, pero advirtió que sin políticas serias, sin instituciones fuertes y sin decisiones técnicas, cualquier cambio corre el riesgo de quedarse en el impacto discursivo y no en la solución real de los problemas.
