Caso Magalí Morales: confirmaron otros 90 días de prisión preventiva para Clavero y Ontiveros
A más de seis años de la muerte de Florencia Magalí Morales dentro de la Comisaría N°25 de Santa Rosa del Conlara, la Justicia confirmó la prórroga de la prisión preventiva para Heraldo Reynaldo Clavero y Marcos Dionisio Ontiveros. El expediente atravesó múltiples instancias desde aquel 5 de abril de 2020 y durante 2026 registró avances decisivos hacia el juicio oral.
El Tribunal N°3 del Colegio de Jueces confirmó este martes, por mayoría, la prórroga durante 90 días de la prisión preventiva que cumplen Heraldo Reynaldo Clavero y Marcos Dionisio Ontiveros en el Servicio Penitenciario Provincial, en la causa que investiga la muerte de Florencia Magalí Morales.
La resolución ratificó lo dispuesto el pasado 13 de agosto por la jueza de Garantía Natalia Pereyra Cardini y mantiene privados de la libertad a los dos exintegrantes de la Policía de San Luis mientras continúa el proceso.
El caso se remonta al 5 de abril de 2020, en pleno período de restricciones por la pandemia de coronavirus. Morales fue detenida y trasladada a la Comisaría N°25 de Santa Rosa del Conlara. Horas después fue encontrada muerta dentro de una celda.
La investigación atravesó durante estos seis años diferentes pericias, discusiones sobre las circunstancias de la muerte, recursos judiciales y modificaciones en las imputaciones. La familia de Morales sostuvo desde el comienzo que no se había tratado de un suicidio y reclamó que se investigara la responsabilidad de los policías que estaban de servicio.
Cuatro expolicías quedaron involucrados en la investigación
La causa avanzó contra cuatro personas que integraban la fuerza policial cuando ocurrió el hecho: Heraldo Reynaldo Clavero, Marcos Dionisio Ontiveros, María Eugenia Argüello y Victoria Johana Paola Torres.
Clavero era jefe de la Comisaría N°25 y Ontiveros estaba a cargo de la guardia, mientras que Argüello y Torres también prestaban servicio en la dependencia. Los cuatro fueron posteriormente apartados de la Policía.
Después de años de planteos y recursos, el expediente tuvo un avance fundamental en marzo de 2026.
El 17 de marzo, el juez de Garantía N°1 Nicolás Coppola tuvo por formulados los cargos contra los cuatro expolicías. Clavero y Ontiveros quedaron imputados por delitos vinculados con la privación ilegítima de la libertad, torturas seguidas de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En esa instancia se ordenó además que ambos quedaran detenidos preventivamente durante 90 días y fueran trasladados al Servicio Penitenciario Provincial.
La situación procesal de Argüello y Torres tuvo posteriormente nuevas discusiones judiciales. La querella cuestionó que inicialmente enfrentaran imputaciones más leves y reclamó que se analizara una responsabilidad mayor en las torturas que habrían precedido a la muerte de Morales.
En una instancia posterior, la imputación de las dos mujeres fue agravada y se las consideró también coautoras de torturas seguidas de muerte. Torres llegó a quedar bajo prisión preventiva y posteriormente, a comienzos de junio, recibió prisión domiciliaria por su situación familiar vinculada al cuidado de un hijo adolescente.
Las defensas pidieron la libertad
En la audiencia realizada este martes 18 de agosto, las defensas de Clavero y Ontiveros cuestionaron la decisión adoptada cinco días antes por la jueza Pereyra Cardini.
Los abogados Salvador Hugo Scarso y Carlos Gabriel Varela, defensores de Clavero, sostuvieron que la Fiscalía no había precisado suficientemente cuáles eran los riesgos procesales que justificaban extender la detención.
También remarcaron que el imputado posee arraigo en San Luis, mencionaron documentación incorporada al expediente y su estructura familiar. Como alternativa solicitaron que la prisión preventiva pudiera continuar bajo modalidad domiciliaria.
El abogado Enrique Alejandro Miranda, defensor de Ontiveros, adhirió a esos argumentos y solicitó directamente que se revocara la resolución del 13 de agosto y se ordenara la libertad de su asistido.
Subsidiariamente pidió una medida menos restrictiva, como la obligación de firmar periódicamente el libro correspondiente.
Fiscalía sostuvo que todavía existen riesgos procesales
Los fiscales de Instrucción Adriana Cangelosi y César Hugo Salazar Molina defendieron la continuidad de las prisiones preventivas.
Durante la audiencia hicieron referencia a los artículos 202, 203 y 204 del Código Procesal Penal de San Luis y sostuvieron que continúan existiendo riesgos procesales y peligro de fuga.
También plantearon la necesidad de preservar el desarrollo del proceso hasta la realización del juicio oral.
Una decisión dividida
Luego de escuchar los planteos y pasar a un cuarto intermedio, el Tribunal N°3 del Colegio de Jueces resolvió por mayoría confirmar la decisión adoptada por Pereyra Cardini.
Los jueces Marcelo Bustamante Marone y Daniela Estrada votaron por mantener la prisión preventiva durante otros 90 días.
Marone sostuvo que persisten los riesgos procesales y el peligro de fuga que justifican mantener la medida de coerción.
La jueza María Monserrath Bocca votó en disidencia.
Bocca consideró que los imputados poseen arraigo, que estuvieron a derecho durante el proceso y que, transcurridos más de seis años desde la muerte de Morales, los riesgos utilizados para justificar una prisión preventiva deben ser concretos y actuales.
Con el voto mayoritario, Clavero y Ontiveros continuarán alojados en el Servicio Penitenciario Provincial durante los próximos 90 días, mientras la causa sigue avanzando hacia las próximas etapas procesales.
Línea de tiempo del caso Florencia Magalí Morales
5 de abril de 2020 — La muerte en la Comisaría N°25.
Florencia Magalí Morales fue detenida en Santa Rosa del Conlara durante las restricciones de circulación implementadas por la pandemia. Horas después apareció muerta dentro de una celda de la dependencia policial. La familia cuestionó desde el comienzo la hipótesis inicial de suicidio y reclamó una investigación sobre la actuación policial.
2020 — Comienzan los reclamos por el esclarecimiento.
El caso generó manifestaciones y pedidos institucionales para determinar qué había sucedido dentro de la comisaría. En noviembre de ese año incluso ingresó en la Cámara de Diputados provincial una iniciativa que expresaba preocupación porque habían transcurrido más de siete meses sin que la muerte estuviera esclarecida.
2021 — Procesamiento de cuatro policías.
La investigación avanzó contra Clavero, Ontiveros, Argüello y Torres. En diciembre de ese año se conocieron procesamientos vinculados con lo sucedido dentro de la dependencia. La familia continuó cuestionando la calificación jurídica y reclamando que se investigaran torturas y femicidio.
2022 — Continúan los planteos y recursos.
La causa permaneció atravesada por recursos judiciales y discusiones respecto de las pericias y de la calificación legal. El caso también llegó al Congreso Nacional mediante un pedido de informes sobre la investigación.
2022 en adelante — Recursos demoraron el avance.
Según información difundida antes de la formulación de cargos de 2026, desde 2022 las defensas presentaron diferentes recursos que incidieron en los tiempos del expediente.
12 de febrero de 2026 — Fijan una audiencia clave.
La Justicia estableció para marzo la audiencia de formulación de cargos contra los cuatro expolicías involucrados en la investigación.
16 y 17 de marzo de 2026 — Formulación de cargos.
La Justicia tuvo por formulados cargos contra Clavero, Ontiveros, Argüello y Torres. Para los dos primeros se atribuyeron delitos relacionados con privación ilegítima de la libertad, torturas seguidas de muerte e incumplimiento de deberes de funcionario público.
17 de marzo de 2026 — Clavero y Ontiveros quedan detenidos.
El juez Nicolás Coppola ordenó 90 días de prisión preventiva para ambos y su traslado al Servicio Penitenciario Provincial. Para las dos mujeres se establecieron inicialmente medidas diferentes.
Abril de 2026 — Discusión por la responsabilidad de Argüello y Torres.
La querella llevó ante el Tribunal de Impugnaciones el cuestionamiento a las imputaciones inicialmente formuladas contra las dos expolicías y reclamó que fueran consideradas responsables de torturas seguidas de muerte.
Fines de abril de 2026 — Se agrava la situación de las dos expolicías.
El Tribunal de Impugnaciones agravó la imputación contra Argüello y Torres, considerándolas coautoras del delito de torturas seguidas de muerte junto con Clavero y Ontiveros. Torres quedó bajo prisión preventiva.
1° de junio de 2026 — Prisión domiciliaria para Torres.
La Justicia dispuso que Victoria Johana Paola Torres continuara cumpliendo la prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria, teniendo en cuenta su situación familiar y el cuidado de un hijo adolescente.
13 de agosto de 2026 — Prorrogan las preventivas.
La jueza Natalia Pereyra Cardini resolvió extender durante otros 90 días la prisión preventiva de Clavero y Ontiveros. Las defensas cuestionaron la decisión y solicitaron su revisión.
18 de agosto de 2026 — El Tribunal confirma la medida.
Por mayoría, el Tribunal N°3 del Colegio de Jueces confirmó la prórroga. Marcelo Bustamante Marone y Daniela Estrada votaron por mantener las detenciones, mientras María Monserrath Bocca lo hizo en disidencia.
Así, a más de seis años de la muerte de Florencia Magalí Morales, la causa mantiene a cuatro expolicías bajo investigación por graves delitos y a Clavero y Ontiveros privados de su libertad mientras el expediente continúa su camino hacia el juicio oral.
