Caso Magalí Morales: rechazaron la prisión domiciliaria de Ontiveros y seguirá detenido
La Justicia rechazó el planteo de la defensa de Marcos Dionisio Ontiveros, uno de los imputados por la muerte de Florencia Magalí Morales en la Comisaría 25ª de Santa Rosa del Conlara. El acusado continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza una causa que investiga lo ocurrido en abril de 2020.
La Justicia de San Luis rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Marcos Dionisio Ontiveros, uno de los policías imputados en la investigación por la muerte de Florencia Magalí Morales, ocurrida el 5 de abril de 2020 mientras permanecía en la Comisaría 25ª de Santa Rosa del Conlara.
La resolución fue adoptada por la jueza Natalia Pereyra Cardini durante una audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantía Nº3 de la Segunda Circunscripción Judicial.
La defensa había solicitado reemplazar la prisión preventiva que Ontiveros cumple en el Servicio Penitenciario Provincial por arresto domiciliario, argumentando una situación extraordinaria relacionada con la salud de su hija menor.
Durante la audiencia, el abogado defensor sostuvo además que no existían riesgos procesales ni peligro de fuga y planteó que debía considerarse el interés superior de la niña.
Para respaldar la solicitud también participó una profesional de la psicología, quien expuso ante el tribunal detalles relacionados con el psicodiagnóstico de la menor.
Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal se opuso a la concesión del beneficio y sostuvo que los riesgos procesales que justificaron la prisión preventiva continúan vigentes.
La Fiscalía manifestó que no desconocía la situación atravesada por la hija del imputado, aunque consideró que la menor dispone de otras formas de contención y asistencia.
Por qué rechazaron la prisión domiciliaria
Al resolver el planteo, la magistrada sostuvo que corresponde garantizar y proteger los derechos de los niños, pero analizó si en este caso estaban reunidos los requisitos necesarios para modificar la modalidad de detención.
La jueza consideró que la normativa invocada por la defensa contempla la posibilidad de conceder prisión domiciliaria a un progenitor varón cuando el menor se encuentra en una situación de desamparo o cuando la persona detenida constituye su único y exclusivo cuidador.
Según la evaluación realizada durante la audiencia, esas circunstancias no se configurarían en este caso.
La magistrada determinó que la hija de Ontiveros no se encuentra en situación de desamparo y que sus necesidades de cuidado y protección están cubiertas por su madre.
Por ese motivo resolvió rechazar la prisión domiciliaria y mantener al imputado alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.
No obstante, dispuso una medida destinada específicamente a la protección de la menor.
La jueza sugirió al Ministerio Público Fiscal que dé intervención al Juzgado de Familia y a la Defensoría de Niñez para que evalúen la situación y adopten las medidas necesarias para resguardar la salud psicofísica de la niña.
Ontiveros seguirá detenido
La resolución mantiene la situación de detención que atraviesa Ontiveros junto a Heraldo Reynaldo Clavero, otro de los principales imputados de la causa.
La Justicia había resuelto recientemente extender por 90 días la prisión preventiva que ambos cumplen en el Servicio Penitenciario Provincial.
En aquella audiencia también se prorrogó por 120 días la etapa de Investigación Penal Preparatoria, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y complejidad de los hechos investigados.
La extensión busca permitir que las partes incorporen las evidencias pendientes antes de que la causa avance hacia las siguientes etapas procesales.
En cuanto a las otras dos imputadas, María Eugenia Arguello y Victoria Johana Paola Torres, se dispusieron medidas menos restrictivas.
Ambas deben presentarse periódicamente a firmar ante Fiscalía, tienen prohibido salir de la provincia de San Luis y tampoco pueden mantener comunicación por ningún medio con familiares de Florencia Magalí Morales.
Qué se investiga en el caso Magalí Morales
Florencia Magalí Morales tenía 39 años cuando murió el 5 de abril de 2020 dentro de la Comisaría Nº25 de Santa Rosa del Conlara.
El episodio ocurrió durante las primeras semanas del aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por la pandemia de coronavirus.
Morales había salido de su vivienda y terminó dentro de la dependencia policial. Según la versión oficial inicial, había sido demorada por incumplir las restricciones de circulación vigentes durante la cuarentena y por resistencia a la autoridad.
Horas más tarde fue encontrada sin vida dentro de una celda.
La primera versión policial presentó el episodio como un presunto suicidio. Sin embargo, las circunstancias que rodearon su detención y muerte fueron cuestionadas por sus familiares y organismos de Derechos Humanos y dieron lugar a una extensa investigación judicial.
Con el avance de la causa surgieron diferentes planteos sobre las condiciones en las que Morales había ingresado a la dependencia, el procedimiento policial desarrollado aquel día y las circunstancias concretas de su muerte.
La investigación atravesó distintas instancias judiciales durante más de cinco años hasta llegar, en marzo de 2026, a una nueva formulación de cargos contra cuatro integrantes de la Policía de San Luis.
Cuatro policías imputados
En marzo de este año la Justicia tuvo por formulados cargos contra Heraldo Reynaldo Clavero, Marcos Dionisio Ontiveros, María Eugenia Arguello y Victoria Johana Paola Torres.
Las acusaciones no son iguales para los cuatro involucrados.
De acuerdo con la imputación formulada por el Ministerio Público Fiscal, Clavero y Ontiveros quedaron acusados como presuntos autores de delitos de extrema gravedad vinculados con la privación ilegítima de la libertad y torturas seguidas de muerte, además del incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En aquella instancia, la Fiscalía solicitó que ambos permanecieran bajo prisión preventiva, planteo que fue aceptado por la Justicia.
Para Arguello y Torres se establecieron imputaciones y responsabilidades diferentes vinculadas con su actuación como funcionarias policiales durante el episodio.
En el caso de María Eugenia Arguello, la acusación incluye la presunta omisión de denunciar torturas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión o retardo de actos de oficio.
La situación procesal de cada uno continuará siendo evaluada mientras avance la investigación.
Una causa que comenzó en plena cuarentena
La muerte de Morales generó repercusión provincial y nacional desde los primeros días.
El caso ocurrió en un contexto excepcional: el país llevaba pocas semanas bajo las fuertes restricciones implementadas por la pandemia de COVID-19.
De acuerdo con los antecedentes incorporados públicamente al caso, Morales había salido aquel día para conseguir alimentos para sus hijos y su nieta.
Su permanencia en la Comisaría 25ª terminó convirtiéndose en el eje de una investigación que, con el paso de los años, fue modificando su alcance y las hipótesis judiciales.
En 2021, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó formalmente intervenir como querellante en el expediente, al considerar que se trataba de un caso que podía involucrar violencia institucional.
La muerte también fue incluida posteriormente en documentos nacionales e internacionales relacionados con hechos ocurridos durante las restricciones implementadas por la pandemia.
De la hipótesis inicial a una acusación por torturas
Uno de los aspectos centrales de la causa es la diferencia entre la explicación brindada inicialmente sobre la muerte y la hipótesis que actualmente sostiene la acusación.
En las primeras horas posteriores al episodio se informó que Morales había sido encontrada ahorcada dentro de una celda.
La familia cuestionó desde el comienzo esa explicación y reclamó que se investigara la actuación de los policías que se encontraban en la dependencia.
Durante los años posteriores se realizaron pericias, declaraciones y diferentes medidas judiciales que mantuvieron abierta la investigación.
El expediente atravesó múltiples instancias hasta que en marzo de 2026 el Ministerio Público Fiscal avanzó con acusaciones de mayor gravedad contra algunos de los policías involucrados.
Actualmente, la hipótesis fiscal atribuye a Clavero y Ontiveros presuntas responsabilidades en delitos que incluyen torturas seguidas de muerte.
Se trata, hasta el momento, de una acusación y deberá ser probada en el proceso judicial. Los imputados conservan su estado de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
La investigación continuará
A más de seis años de la muerte de Florencia Magalí Morales, el expediente continúa abierto y todavía restan medidas de prueba.
La reciente extensión de la Investigación Penal Preparatoria por otros 120 días permitirá avanzar sobre las evidencias pendientes antes de definir las próximas instancias del proceso.
Mientras tanto, Clavero y Ontiveros continuarán detenidos preventivamente en el Servicio Penitenciario Provincial.
En el caso particular de Ontiveros, el rechazo de la prisión domiciliaria implica que no habrá, por el momento, modificaciones en la modalidad de cumplimiento de la medida cautelar.
La Justicia consideró que continúan vigentes los fundamentos que justifican su detención preventiva y que la situación familiar presentada por la defensa no reúne las condiciones legales necesarias para disponer el arresto domiciliario.
De esta manera, la causa por la muerte de Florencia Magalí Morales entra en una nueva etapa de una investigación iniciada en 2020 y que, seis años después, mantiene a cuatro policías imputados y a dos de ellos privados preventivamente de su libertad.
