Caso Molino Fenix: El tribunal de impugnaciones rechazó la recusación interapuesta por la defensa
El Tribunal de Impugnaciones de la Segunda Circunscripción Judicial integrado por los Dres. Hernán Herrera, María Monserrath Bocca y Marcelo Bustamante rechazó la recusación interpuesta por la Defensa -de una de las personas investigadas- en contra del Dr. Santiago Ortiz –Juez de Garantía Nº 4- por no configurarse las causales previstas en el Código Procesal Penal de San Luis.
Asimismo, los jueces ordenaron la continuidad del trámite bajo la dirección del juez natural de la causa y dispusieron la reanudación de la audiencia de formulación de cargos en el menor plazo posible.
En la audiencia desarrollada el pasado viernes, los Dres. Gonzalo Estrada y Carlos Cobo –Defensores de Joaquín Beltrán- plantearon la nulidad de la denuncia que dio inicio a la investigación, dicho planteo fue rechazado por el Juez. Luego, solicitaron el apartamiento del magistrado invocando la causal de temor de parcialidad, por lo que el Juez resolvió proseguir el trámite según lo previsto en el Art. 35 del Código Procesal Penal (CPP).
En consecuencia, el Dr. Ortiz remitió un informe -previsto en el artículo 35, cuarto párrafo, del CPP- donde explicó que las recusaciones con causa están expresamente reguladas por el Código de Procedimiento Penal de San Luis y constituyen un mecanismo de excepción que debe interpretarse de manera restrictiva. Destacó que su admisión implica el desplazamiento del juez natural y puede generar demoras innecesarias en el proceso.
Asimismo, enfatizó que su actuación se ajustó a derecho y que sus decisiones fueron adoptadas sin presiones ni favoritismos en relación a la resolución sobre el planteo de nulidad de la defensa.
El tribunal entre sus argumentos consideró que no se configura ninguna causal objetiva o subjetiva que justifique la recusación del magistrado interviniente, conforme a los parámetros establecidos en el Código Procesal Penal de la Provincia de San Luis.
“El instituto de la recusación con causa, al ser una excepción al principio del juez natural consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, debe interpretarse restrictivamente y requiere la acreditación de circunstancias concretas que comprometan la imparcialidad del juez” expresa la resolución.
Los integrantes del Tribunal de Impugnación manifestaron que la recusación fue interpuesta por la defensa luego de que el magistrado resolviera rechazar el planteo de nulidad de la denuncia formulada “No obstante, la mera disconformidad con una resolución judicial adversa no constituye, por sí sola, causal suficiente para sostener un temor fundado de parcialidad, dado que toda decisión jurisdiccional implica necesariamente pronunciamientos que pueden ser favorables o desfavorables a las partes, sin que ello implique una pérdida de imparcialidad del juez”.
Que, en relación con la imparcialidad judicial, la doctrina y la jurisprudencia han establecido que su análisis debe efectuarse desde dos dimensiones: 1) Objetivo: Que se configura cuando existen elementos externos al proceso que generan una duda razonable sobre la neutralidad del magistrado. 2) Subjetiva: Que alude a la existencia de un interés personal o una actitud parcial del juez respecto de alguna de las partes.
En este caso, “no se ha demostrado la concurrencia de ninguno de estos supuestos, ni se han aportado elementos que permitan inferir un interés personal del Dr. Santiago Andrés Ortiz en la resolución de la causa, limitándose la defensa a formular apreciaciones subjetivas respecto de su actuación en la audiencia de fecha 21 de febrero de 2025” dijeron los jueces.
“Dado que la recusación planteada no encuadra en ninguna de las causales taxativamente previstas en el artículo 33 del CPP, la sola alegación de temor de parcialidad por parte de la defensa resulta insuficiente, siendo necesario acreditar circunstancias objetivas que lo justifican. Por lo demás, aceptar una recusación sin fundamento objetivo no solo vulneraría el principio del juez natural, sino que también atentaría contra la tutela judicial efectiva y el derecho de las partes a un proceso sin dilataciones indebidas, en tanto la recusación infundada constituye una vía impropia para dilatar el trámite procesal” expresa la resolución.
Agregaron que el magistrado recusado ha ejercido sus funciones dentro del marco de sus atribuciones legales, adoptando sus decisiones conforme a las disposiciones procesales vigentes y sin apartarse de los estándares de imparcialidad exigidos por la normativa aplicable.
Concluyeron que “resulta manifiestamente improcedente la recusación interpuesta, en tanto no se acreditan elementos objetivos que permitan concluir en la existencia de un temor fundado de parcialidad. En consecuencia, corresponde su rechazo y la continuidad de la audiencia de formulación de cargos que fuera suspendida bajo la dirección del juez natural de la causa”
