En la causa donde se investigan presuntas irregularidades en comedores sociales, el juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria al dirigente del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni, el 15 de junio.
Casanello indicó que tomó la decisión después de “avanzar en el estudio patrimonial de las personas investigadas”, en el marco de los acuerdos suscriptos con el Estado, debido a que “la percepción y disposición ilegítima de fondos públicos integraba una parte de los hechos”.
Así, determinó que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas Asociación Polo Obrero y Cooperativa El Resplandor Ltda., habrían administrado de manera indebida “al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social” en el marco del aludido programa Potenciar Trabajo.
Casanello basó su apreciación en la comprobación del empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados para “disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.
Sumó que se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de distintas personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. “Lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, subrayó.
Según Casanello, la maniobra se complementó con la exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios del Potenciar Trabajo de concurrir a movilizaciones político-partidarias (con banderas identificatorias), aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular -referenciado en el propio espacio político- en elecciones generales, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal.
Casanello advirtió sobre “una distorsión de la noble política estatal en defensa de los más necesitados” de la que participaban “algunos actores”.
“La organización recibía fondos del Estado y asumía una serie de obligaciones de administración de aquellos intereses universales que le habían sido confiados”, acotó en ese sentido. “Los elementos probatorios reunidos llevan a sospechar que, en los casos que aquí se investigan, el interés público fue desviado”, cerró.
