Causa del maíz: el querellante Pascual Celdrán advirtió que el expediente “puede quedar en nada”
La causa judicial por la cosecha de maíz vinculada al campo conocido públicamente como “El Caburé” volvió a quedar en el centro de la escena tras las declaraciones del abogado querellante Pascual Celdrán, quien sostuvo que existen pruebas contundentes contra varios involucrados y cuestionó con dureza el rumbo que viene tomando el expediente.
Durante una entrevista, el letrado defendió la ampliación de la imputación contra uno de los acusados y rechazó los planteos de nulidad formulados por la defensa. Según explicó, la formulación de cargos no vulnera el derecho de defensa, sino que constituye la instancia formal en la que se le comunica al imputado cuáles son los delitos por los que será investigado durante la instrucción.
La discusión por la imputación
Celdrán aseguró que el planteo de la defensa no tiene sustento y remarcó que, en el actual sistema acusatorio, la formulación de cargos justamente permite al imputado conocer el alcance de la acusación y ejercer su defensa. En ese sentido, sostuvo que no puede hablarse de indefensión cuando lo que se hace es informar formalmente cuáles son los hechos y figuras penales en análisis.
Además, recordó que desde la querella ya se había solicitado en reiteradas oportunidades que se avanzara con imputaciones más amplias y consideró que la discusión planteada ahora responde más a una estrategia defensiva que a una afectación real de garantías.
El eje del conflicto: de quién era el maíz
Uno de los puntos centrales expuestos por el abogado fue la disputa sobre la propiedad de la producción cosechada. Según su versión, sus representados eran quienes explotaban legalmente el establecimiento rural, habían asumido los costos de siembra, fertilización, cosecha y trilla, y tenían derechos sobre el maíz implantado en unas 2.000 hectáreas.
De acuerdo con ese planteo, el conflicto no gira solamente en torno al uso del campo, sino sobre la supuesta apropiación de una producción agrícola de altísimo valor económico. Celdrán insistió en que el grano no pertenecía al Estado y afirmó que la intervención posterior se hizo de manera irregular, con ingreso al establecimiento, retiro de bienes y levantamiento de la cosecha sin autorizaciones ni procedimientos administrativos claros.
Acusaciones graves y fuerte crítica al proceso
El querellante fue especialmente duro al referirse a la actuación de distintos sectores que intervinieron en la causa. Aseguró que hay evidencia suficiente para avanzar contra más personas y habló de mensajes, comunicaciones y otras pruebas que, según su lectura, comprometerían a funcionarios y particulares.
También sostuvo que el expediente está atravesado por presiones y advirtió que existe el riesgo de que la investigación quede reducida a una imputación menor, sin avanzar sobre el resto de los delitos que la querella considera acreditados. En ese marco, expresó su escepticismo sobre el futuro del caso y dijo que teme que no llegue a juicio oral con todos los responsables que, a su entender, deberían responder ante la Justicia.
Qué puede pasar ahora
La controversia gira ahora en buena medida alrededor de la decisión que deberá adoptar el Tribunal de Impugnaciones respecto de los recursos presentados en torno a la formulación de cargos. Ese pronunciamiento será clave para definir si la imputación queda acotada o si se mantiene una acusación más amplia.
Mientras tanto, la causa sigue rodeada de tensión política y judicial. Por un lado, la querella insiste en que hubo una maniobra de gran escala con un perjuicio millonario. Por el otro, las defensas cuestionan el procedimiento y buscan desactivar parte de la acusación.
En medio de ese escenario, el expediente continúa abierto y a la espera de definiciones que podrían marcar un punto de inflexión en una de las investigaciones más sensibles y discutidas de los últimos tiempos en San Luis.
