Causa El Caburé: el fiscal Leandro Estrada detalló el avance de la investigación por la cosecha de maíz
El móvil de La Mañana de Mercedes visitó este martes al Leandro Estrada, fiscal de Instrucción N° 4 de la Segunda Circunscripción Judicial, quien realizó un balance de fin de año sobre la causa vinculada a la pérdida de una cosecha de maíz en el campo El Caburé, una investigación puntual y diferenciada de otros expedientes relacionados con ese predio.
Estrada aclaró desde el inicio que su intervención se centra exclusivamente en el tramo referido al maíz, mientras que otras cuestiones del campo El Caburé se investigan en fiscalías distintas. En ese contexto, confirmó que la causa ya cuenta con una imputación formal.
La Fiscalía imputó al ciudadano Darío Oviedo por el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado Provincial, al considerar que habría actuado excediendo sus facultades al contratar a un cosechador proveniente de la provincia de Buenos Aires para levantar aproximadamente 100 hectáreas de maíz en un campo que, según la postura del Ministerio Público Fiscal, pertenece al Estado de San Luis.
Durante la audiencia, la Fiscalía de Estado solicitó una calificación legal distinta —peculado—, aunque finalmente Oviedo quedó imputado por tres figuras: defraudación, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La calificación definitiva será analizada en la audiencia de control de acusación.
El fiscal explicó que uno de los puntos centrales de la investigación es la propiedad del maíz, sosteniendo que quien siembra en terreno ajeno puede tener derecho a una indemnización, pero no a la titularidad de la cosecha. Además, recordó que el Estado inició el proceso de desadjudicación del campo en 2014, el cual culminó en 2017, recuperando formalmente la propiedad del predio.
Estrada también remarcó que no existió ningún procedimiento administrativo válido que autorizara la cosecha: no hubo licitación pública ni privada, contratación directa ni acto administrativo fundado. Incluso señaló que el único contrato incorporado al expediente fue firmado sin representación del Estado.
La investigación busca esclarecer cómo un cosechador pudo ingresar al campo y trabajar durante aproximadamente 60 días, levantando alrededor de 14 hectáreas de maíz, sin control ni rendición de cuentas.
El fiscal no descartó que, con el avance de la causa, puedan surgir nuevas imputaciones, tanto a funcionarios públicos como a particulares. Finalmente, al hacer un balance general del año, reconoció que fue un período complejo, atravesado por limitaciones de recursos, aumento de delitos patrimoniales y una fuerte carga de trabajo judicial.
