Causa “maíz de El Caburé”: la defensa de Ricardo Bazla apeló la imputación y cuestionó la ampliación de cargos
La causa judicial conocida públicamente como el “maíz de El Caburé” sumó un nuevo capítulo luego de que la defensa del exsecretario de Ética y Control de Gestión de San Luis, Ricardo Bazla, presentara recursos de apelación contra la formulación de cargos dictada en su contra.
En diálogo con el móvil de la mañana, el abogado Bautista Rivadera, representante legal de Bazla, explicó los fundamentos de la estrategia defensiva y cuestionó duramente la forma en que se desarrolló la audiencia de imputación.
Según detalló, la defensa planteó en primer término la nulidad absoluta de lo actuado, al considerar que existieron “irregularidades procesales esenciales” que habrían afectado el derecho de defensa. Entre los puntos señalados, mencionó la presunta falta de notificación adecuada sobre el inicio de la investigación y la sorpresiva ampliación de delitos durante la audiencia.
Rivadera sostuvo que inicialmente su defendido había sido notificado para responder por un delito vinculado a defraudación en perjuicio de la administración pública, pero que durante la audiencia las querellas incorporaron otros siete cargos.
“No es lo mismo ir a defenderse de un delito que ir a defenderse de ocho delitos”, sostuvo el letrado.
En ese marco, explicó que ya fueron interpuestos dos recursos de apelación que serán analizados por el Tribunal de Impugnaciones en las próximas semanas.
Respecto del fondo de la causa, la defensa sostuvo que Bazla actuó dentro de sus funciones administrativas y que, al advertir presuntas irregularidades en la operatoria del campo, habría desplazado al funcionario involucrado y puesto la situación en conocimiento del Ejecutivo provincial.
Según la versión aportada por el abogado, la actuación cuestionada se originó en la delegación de funciones a otro funcionario, quien habría avanzado con la contratación de un tercero para la cosecha del maíz.
La Fiscalía, por su parte, mantiene la hipótesis de una eventual responsabilidad funcional jerárquica por falta de control.
Ahora, el expediente ingresó en una etapa clave: el Tribunal de Impugnaciones deberá correr traslado a las partes, convocar a una audiencia oral y luego resolver en un plazo de 10 días hábiles.
