Certificados truchos: Preventiva para la pareja que los comercializaba e imputación a un tercer acusado

Se trata de Paola Tonelli y Augusto Toledo que ahora también fueron imputados por asociación ilícita. La fiscalía de Estado había pedido la detención inmediata de la pareja. Graciela Apazas Señani tendrá que presentarse a la Justicia a firmar el libro y tiene prohibido salir de la provincia por el termino de 90 días.

Este martes se llevó a cabo la ampliación de formulación de cargos contra los dos de los acusados por confeccionar y vender certificados médicos truchos a empleados públicos, Paola Tonelli y Augusto Toledo. Ambos estaban imputados por el delito de falsificación de documentos públicos y privados. Ahora se les sumó asociación ilícita y en el caso de Toledo defraudación en la administración pública. La pareja fue detenida y trasladada al Servicio Penitenciario.

Hoy se le formularon cargos a Graciela Apazas Señani que presuntamente tenía a cargo la impresión de los documentos apócrifos y que iban desde formularios, recetarios y fichas hasta aptos médicos para presentar en la Liga Sanluiseña de Fútbol. Su nombre aparece en las pericias telefónicas de los celulares secuestrados en la investigación.

En este sentido, la jueza de Garantía Nº 2, María Agustina Dopazo Samper ordenó que la mujer deberá presentarse a firmar el libro de Fiscalía y tiene prohibido salir de la provincia por el término de 30 días.

En la audiencia de formulación de cargos a Tonelli y Toledo realizada el 25 de septiembre se dispuso que firmen el libro de Fiscalía por sesenta días y la prohibición de salir del territorio provincial.

Sin embargo, el 15 de octubre el representante de recursos humanos de la empresa Polimetal aportó un nuevo certificado médico con membrete del Sanatorio Rivadavia con fecha de 11 de octubre del 2024, es decir, posterior a la formulación de cargo que se le adjudicaba al médico clínico Aníbal Gabriel Garro.Otro de las pruebas que aportó fueron las pesquisas realizadas por el Departamento de Delitos Complejos a los teléfonos de Toledo y Tonelli de donde se extrajo que la imputada le solicitaba la impresión de formularios a Graciela Apazas Señani.

El jefe de la sala Penal de la Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón comunicó que adherían a la calificación legal y aportó que a raíz de la investigación interna se concluyó que entre el 2023 y 2024, Toledo presentó 65 certificados truchos. En consecuencia, también se realizó una investigación interna en donde se simuló una conversación de una agente pública con el acusado en donde le solicitaba la compra del certificado.

«Más allá de los delitos que imputa la Fiscalía (de Instrucción), claramente desde nuestra óptica, se encuadra dentro del delito de fraude de dominio. Fraude en perjuicio de la justicia pública, tipificada en el Código Penal en el artículo 174, inciso 5, ya que Toledo trabajaba como maestranza en una escuela pública”, dijo el funcionario.

Y agregó: “La Fiscalía de Estado sostiene tres acciones puntuales. La falsificación, la comercialización y la utilización del agente en la institución”.

En el caso de Apazas Señini además se pidió la solicitud de prohibición para salir del territorio puntano.

La fiscal María Quiroga Nassivera Sostuvo que, ante esta nueva prueba, se realizaron tareas de campo para confirmar si estas personas continuaban con sus acciones delictivas y se solicitó un allanamiento en los domicilios de Tonelli, Toledo y Apazas los cuales arrojaron resultados positivos. Se procedió al secuestro del documental siete hojas A4 con membrete del Sanatorio Rivadavia firmado al pie con sello aclaratorio, dos formularios de la Liga Sanluiseña de Fútbol, fichas médicas una de ellas posee en la parte inferior un recorte con la inscripción del médico Aníbal Garro, una hoja A4 con la inscripción de una licenciada en psicología, dos certificados en blanco solo con membrete del centro psicológico y psicopeteurico.

Durante el allanamiento se presentaron dos personas quienes manifestaron que el 4 de octubre pidieron el certificado a un valor de $6 mil el que debía ser abonado mediante transferencia al celular de Tonelli.

La Fiscalía de Estado como querellante denunció defraudación a la administración pública y falsificación de documento en contra de Augusto Toledo quien ocupaba el cargo de agente de la escuela N°4 Juan Tulio Zavala “quedando comprobado que no sólo cometía engaño a la institución sino también al servicio de control de ausentismo de quien obtenía los comprobantes para justificar las faltas certificadas con fechas inclusive posteriores a la formulación de cargo”.

“Esta fiscalía puede afirmar que los investigados tenían un acuerdo previo y una clara división de tareas. Tonelli ofrecía los certificados, Toledo recibía los pagos. En tanto Apazas confeccionaba e imprimía los documentos. También se puede afirmar que se hacían documentos de carácter públicos como libreta de niño sano, formulario de Anses por asignación por hijo, certificados médicos, psicológicos, aptos físicos para la Liga Puntana, apto físico para empleados municipales, ficha médica para la Liga Sanluiseña de Fútbol”, informó Quiroga Nassivera.

A pesar de las medidas de coerción impuestas sobre la firma del libro, la fiscal tomó conocimiento que la pareja imputada cumplió de manera parcial, ya que se presentaron en una sola oportunidad.

“La calificación legal provisoria sería para Tonelli y Apazas asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados en concurso real. Para Toledo defraudación a la administración pública con falsificación de documentos privados y asociación ilícita en concurso real”, solicitó la fiscal.

Por su parte, el fiscal Esteban Roche pidió la prisión preventiva por 60 días para la pareja por el riesgo procesal de peligro de fuga, por la reiteración delictiva y por temor al entorpecimiento de la investigación. Para Apazas Señani solicitaron la firma de libro por el término de tres meses.

Por su parte, la defensa de la pareja Federico Farías informó que ambos si se presentaron a firmar el libro de la Fiscalía. Además, fundamentó que ambos tienen “serios problemas de adicción” por lo cual no sería conveniente que sean derivados al Servicio Penitenciario.

“También se tiene que tener presente que no se cumple con los requisitos de la asociación ilícita porque no hay una existencia de una estructura objetiva y tampoco existe lo de una banda porque son pareja, no son socios. Asimismo, aclaro que las faltas que se le adjudican a mi defendido son injustificadas, no justificadas como dijo la querella”, expuso Farías y añadió que “son personas enfermas y que no existe el peligro de fuga porque no tienen los medios económicos”.

En la misma línea, el defensor Oficial en lo Penal Adjunto Nº 1 de San Luis, Diego Zunino, representante de Apazas Señani, dijo que para acusar a su defendida de asociación ilícita “faltan la mayoría de los elementos para la acusación de este delito”, pero que no se iba a oponer a la formulación de cargos ni a las medidas coercitivas solicitadas.

La jueza ordenó que Graciela Apazas por los delitos de falsificación de documentos públicos y privados y asociación ilícita tendrá que firmar el libro en la Fiscalía N°3 del 1 a 10 por el plazo del 90 día y tiene prohibido de salir de la Provincia.

En relación, a Paola Tonelli y Augusto Toledo se les dictó prisión preventiva por 30 días por los delitos de asociación ilícita y defraudación en la administración pública.