Condena histórica en Mendoza: 18 años de prisión para el exjuez federal Walter Bento por corrupción y asociación ilícita
El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza dictó este jueves una sentencia histórica al condenar al exjuez federal Walter Bento a 18 años de prisión efectiva, la pena máxima solicitada por el Ministerio Público Fiscal, en el cierre de una megacausa que expuso uno de los entramados de corrupción judicial más graves de la Argentina reciente.
El exmagistrado fue declarado culpable de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de activos, falsedad ideológica y ocultamiento de pruebas, delitos cometidos durante su paso por el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza. Según se probó en el juicio, Bento encabezó una organización que utilizó la estructura judicial para obtener beneficios económicos ilegales, intervenir en causas sensibles y manipular resoluciones a cambio de dinero.
Además de la pena de prisión, el Tribunal impuso una multa superior a los 500 millones de pesos, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes, que incluye inmuebles, locales comerciales, vehículos de alta gama y activos financieros. El exjuez continuará detenido, ya que los magistrados resolvieron postergar la definición sobre un eventual pedido de prisión domiciliaria.
Una red de corrupción dentro y fuera de los tribunales
Durante el extenso debate oral quedó acreditada la existencia de una estructura organizada y permanente, integrada por funcionarios judiciales, abogados, intermediarios y familiares directos del exjuez. La maniobra consistía en el cobro de sobornos para favorecer imputados en causas federales, especialmente vinculadas al narcotráfico, contrabando y delitos complejos, además del ocultamiento patrimonial para disimular el crecimiento económico del grupo.
En la misma causa fueron condenadas otras 16 personas. Entre ellas se encuentra Luciano Ortego, quien recibió una pena de 8 años de prisión, además de familiares directos de Bento, señalados como partícipes necesarios en las maniobras de lavado de dinero y administración de bienes de origen ilícito.
El tribunal sostuvo que el exmagistrado abusó de la función judicial, traicionó la confianza pública y dañó de manera profunda la credibilidad del sistema, al convertir el juzgado federal en una herramienta al servicio de intereses privados.
Un proceso sin precedentes
La investigación demandó más de cinco años y el juicio oral se extendió durante dos años, con decenas de audiencias, testimonios clave, peritajes contables y el análisis de un voluminoso caudal de pruebas documentales. El proceso tuvo un fuerte impacto institucional, ya que Bento fue el primer juez federal en actividad en Mendoza en enfrentar un juicio de estas características.
El fallo es considerado un hito en la Justicia Federal, no solo por la gravedad de las penas impuestas, sino porque establece un precedente en materia de responsabilidad penal de magistrados, dejando en claro que el poder judicial no está exento del control legal cuando se aparta de la ley.
La sentencia marca un antes y un después en la historia judicial de Mendoza y del país, en un contexto de fuerte demanda social por transparencia, ética pública y sanciones efectivas frente a la corrupción estructural.
La condena contra Walter Bento trasciende el plano penal y se proyecta como un hito institucional para la Justicia argentina. No se trata solo de un exjuez condenado, sino de la confirmación judicial de que la corrupción puede enquistarse en los niveles más altos del Poder Judicial.
El fallo golpea directamente sobre uno de los pilares más cuestionados por la sociedad: la credibilidad del sistema judicial. La sentencia envía un mensaje contundente hacia adentro de los tribunales, al dejar en claro que el cargo no otorga impunidad ni blindaje frente al control penal.
Desde el punto de vista político, la resolución refuerza la demanda social de transparencia, ética pública y sanciones efectivas, en un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones es creciente. También establece un precedente clave: los jueces pueden y deben rendir cuentas cuando utilizan el poder del Estado para beneficio personal.
En términos institucionales, el caso Bento quedará como uno de los procesos más importantes de las últimas décadas, comparable con muy pocos antecedentes en el país, y como una señal de que, aun con demoras, el sistema puede reaccionar frente a la corrupción estructural.
