Corrupción en el Molino Fénix: extendieron por tres meses la prisión preventiva de Anabela Lucero, su hermano y su cuñado
El juez Santiago Ortiz resolvió que la ex diputada Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel continúen detenidos durante otros 90 días. La Fiscalía y la querella advirtieron un incremento de los riesgos procesales y expusieron presuntas irregularidades protagonizadas por la ex legisladora dentro del Servicio Penitenciario Provincial. La investigación apunta a un perjuicio económico al Estado estimado en 900 millones de pesos.
La Justicia provincial resolvió extender por tres meses la prisión preventiva de la ex diputada Anabela Lucero, su hermano Enzo Lucero y su cuñado Exequiel Scarel, imputados en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en el complejo Molino Fénix de Villa Mercedes, durante la gestión del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá.
La decisión fue adoptada por el juez Santiago Ortiz, luego de una audiencia que se extendió durante aproximadamente tres horas y en la que se analizó la situación procesal de los tres acusados, tras el vencimiento de los primeros dos meses de detención.
Si bien el Ministerio Público Fiscal y la querella, en representación de Fiscalía de Estado, habían solicitado una prórroga de cuatro meses, el magistrado dispuso que la medida se mantenga durante 90 días adicionales.
Ortiz también estableció que este período deberá ser el último de la etapa de investigación, con el objetivo de que la Fiscalía avance en la formulación de la acusación formal y se concrete la audiencia de control de acusación, paso previo a la eventual elevación de la causa a juicio oral.
Una investigación por un presunto desvío millonario de fondos públicos
La causa judicial investiga una presunta organización dedicada al desvío de recursos públicos destinados al funcionamiento del Molino Fénix.
De acuerdo con la hipótesis de la acusación, Anabela Lucero y el diputado Joaquín Beltrán habrían encabezado una estructura destinada a obtener beneficios personales mediante maniobras irregulares con fondos estatales.
El perjuicio económico investigado se estima en aproximadamente 900 millones de pesos.
Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel se encuentran imputados por los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta, ocultamiento y destrucción de evidencia, en el marco de una investigación que continúa sumando elementos y personas involucradas.
La Fiscalía advirtió un incremento de los riesgos procesales
Durante la audiencia, el fiscal José Olguín sostuvo que las circunstancias que motivaron las detenciones no solamente se mantienen, sino que los riesgos procesales se habrían incrementado.
El representante del Ministerio Público Fiscal hizo referencia a los avances registrados durante los últimos dos meses, entre ellos la detención de Christian Becher y la identificación de otros cuatro involucrados que podrían enfrentar nuevas formulaciones de cargos.
Según expuso, los elementos reunidos permitirían ampliar la investigación e incluso analizar la posible comisión de otros hechos delictivos.
Uno de los puntos centrales de la audiencia estuvo relacionado con el comportamiento de Anabela Lucero dentro del establecimiento penitenciario.
La acusación mencionó un episodio en el que uno de sus abogados le habría facilitado un teléfono celular durante una visita para realizar una comunicación que no estaba autorizada.
También se plantearon cuestionamientos sobre la información vinculada con su estado de salud.
Cuestionamientos sobre la huelga de hambre y el estado de salud
La querella introdujo la posibilidad de una presunta maniobra de estafa procesal relacionada con la huelga de hambre que mantiene la ex legisladora y con la información médica presentada durante el proceso.
El fiscal Olguín sostuvo que se detectaron posibles irregularidades en los datos relacionados con su situación sanitaria y citó informes profesionales incorporados al expediente.
De acuerdo con la postura de la acusación, los estudios médicos no habrían corroborado las patologías alegadas por la defensa y tampoco indicarían la existencia de un cuadro de gravedad que justificara modificar las condiciones de detención.
En ese contexto, Fiscalía y querella señalaron que la atención sanitaria de la imputada se encuentra garantizada dentro del Servicio Penitenciario Provincial.
Estos planteos fueron expuestos como argumentos de la acusación y forman parte de las controversias judiciales sobre las condiciones de detención de Lucero.
Las defensas solicitaron la libertad o la prisión domiciliaria
Los abogados defensores plantearon alternativas a la continuidad de la prisión preventiva, entre ellas la libertad y la posibilidad de cumplir la medida bajo la modalidad domiciliaria.
Los tres imputados participaron de la audiencia de manera remota desde el Servicio Penitenciario Provincial.
Anabela Lucero fue la única que tomó la palabra, a pedido de sus representantes legales. Durante su intervención manifestó la angustia que atraviesa por su situación personal y de salud.
También agradeció al juez Santiago Ortiz por haber respondido a los pedidos de asistencia médica formulados por su defensa y reconoció el trato recibido por parte del personal sanitario.
Finalmente, el magistrado rechazó las alternativas solicitadas y mantuvo la prisión preventiva de los tres acusados.
Con esta resolución, la investigación por las presuntas irregularidades en el Molino Fénix ingresa en una etapa decisiva. La Fiscalía contará con un nuevo plazo de 90 días para avanzar hacia la acusación formal y la eventual instancia de juicio oral.
Con material de «El Chorrillero»
