Dictan prisión preventiva a un informático acusado de difundir material de abuso infantil
La Justicia de San Luis ordenó 120 días de prisión preventiva para Emilio Soria, investigado en el marco de la causa internacional “Aliados por la Infancia V” por la distribución de material de explotación sexual infantil.
La decisión fue tomada por el juez de Garantía subrogante Juan Manuel Montiveros Chada, en una audiencia realizada este viernes tras vencer la prórroga de ocho días que mantenía al acusado detenido. La medida responde al pedido de la fiscal María Delia Bringas, a cargo de la Fiscalía de Instrucción con competencia en género, diversidad sexual, infancias y adultos mayores.
Según la imputación, Soria habría facilitado, distribuido y publicado imágenes de menores en situaciones sexuales explícitas, agravado por tratarse de víctimas menores de 13 años. La investigación se apoya en allanamientos realizados en tres domicilios familiares, donde se secuestraron dispositivos electrónicos y gran cantidad de archivos que muestran un patrón sistemático de distribución.
Bringas advirtió que la causa tiene “una lupa internacional” y subrayó que el material secuestrado podría involucrar a víctimas en distintas jurisdicciones: “No sabemos si hay producción local o niños de la provincia. Es una medida necesaria para proteger el proceso y a las víctimas”.
El acusado, que desde 2018 trabajaba en la Dirección de Informática del Gobierno provincial, se negó a declarar. En su defensa, el abogado Federico Farías —que reemplazó a Martín Pérez Ruta— planteó que la prueba es “vaga e insuficiente”, ofreció alternativas como la prisión domiciliaria o medidas de caución, e incluso la entrega de un vehículo como garantía. Sin embargo, el tribunal rechazó todas las propuestas.
La Defensoría de Niñez N°2, representada por Marcela Torres Cappiello, acompañó el pedido fiscal y remarcó la necesidad de la medida por la afectación a un número indeterminado de niños, niñas y adolescentes.
Con esta resolución, la investigación avanza a una nueva etapa en la que se analizarán los dispositivos incautados y se buscará determinar el alcance real de la red.
