El padre fue imputado por la tenencia de las imágenes pornográficas y el otro, además, por su publicación.
Al calabozo. El hombre de 68 años y su hijo, de 30, tras la audiencia. Foto: Policía de San Luis.
La investigación que empezó hace un par de meses tras el rastro de un hombre y una posible red, a través de la cual distribuía material de abuso sexual infantil, todavía no termina en Villa Mercedes. El miércoles, la fiscal de Instrucción que lleva adelante las averiguaciones, Daniela Torres, imputó a dos nuevos sospechosos de esa presunta banda dedicada a la producción y difusión de imágenes sexuales con menores de edad. Esta vez, se trata de un fotógrafo y de su hijo, a quienes en sus viviendas les encontraron teléfonos, computadoras, dispositivos de almacenamiento y fotos que tendrían relación directa con los delitos investigados.
Durante la mañana, padre e hijo fueron trasladados a los tribunales de Villa Mercedes. Allí, frente al juez de Garantías 1 Alfredo Cuello, la fiscal instructora les leyó los cargos que formuló en su contra. La evidencia recolectada hasta el momento fue suficiente para imputarle «Tenencia agravada, por ser material de abuso sexual infantil» al hombre de 68 años y «Ofrecimiento, publicación, divulgación y tenencia» de esas imágenes a su hijo de 30.
Los sospechosos, al igual que el primer detenido que tuvo la causa, de apellido Andino, están representados por el abogado Emmanuel Correa Otazú. El miércoles, asistido por el defensor, se abstuvieron de declarar en la audiencia y solicitaron ocho días de prórroga del arresto, lo que significa que la próxima audiencia, si en el transcurso de la semana la defensa no pide otra, será exactamente en una semana.
No obstante, la producción de pruebas no se detiene. La fiscal adelantó que hay «mucho material informático» que peritar, dado que a las cámaras fotográficas, pendrive, computadoras y teléfonos retenidos en estos dos últimos allanamientos se les suman los dispositivos de almacenamiento que la Policía incautó en los primeros allanamientos que tuvo la investigación, a fines de julio. Solo en esos elementos secuestrados hay «más de 16 gigas a peritar», comentó Torres.
El dato de que el fotógrafo y su hijo podrían estar involucrados en la causa se desprendió de lo que los investigadores hallaron en los dispositivos de almacenamiento incautados al primer imputado.
Con esa información y otras pruebas, la fiscal les dio la orden a la comisión policial compuesta por personal de la Comisaría 9ª, efectivos de Homicidios y del Departamento de Investigaciones, para que con el apoyo del grupo táctico COAR allanen los domicilios de los sospechosos. Las requisas fueron en simultáneo, empezaron la mañana del lunes y se extendieron hasta las 15.
En la casa del fotógrafo, en el barrio Kilómetro 4, hallaron cámaras de fotos. Pero en el domicilio no había nadie. En la vivienda de Montevideo al 1100, que solía ser el domicilio de la madre del más joven de los detenidos, encontraron además pendrive, fotos y otros dispositivos de almacenamiento.
En ese lugar estaban los sospechosos. El más grande de los imputados se mostró calmo en el allanamiento, pero su hijo, al ver el despliegue policial, intentó escapar subiéndose al techo. No lo logró y lo aprehendieron.
Al día siguiente, luego de que los peritos revisaran el contenido de las cámaras del fotógrafo, la fiscal ordenó su inmediata captura. La Policía lo detuvo en la calle, cuando salía de su domicilio.
