“El Caburé”: imputaron a un ex funcionario por defraudación y peculado contra la administración pública
La Justicia provincial imputó provisoriamente a Darío Oviedo Helfenberger, ex director de Ética y Legalidad del Ejecutivo, como autor de los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, peculado en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la administración del campo estatal conocido como “El Caburé”.
La imputación se formalizó durante una audiencia multipropósito que se extendió por más de cuatro horas, en la Segunda Circunscripción Judicial, donde el Ministerio Público Fiscal expuso la teoría del caso vinculada a un predio de 1.997 hectáreas, ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 27, kilómetro 144, propiedad del Gobierno de la Provincia de San Luis.
El origen del conflicto
Fiscalía explicó que la firma El Caburé sabía desde febrero de 2018 que el contrato de adjudicación que le permitía explotar el campo había sido rescindido. Pese a ello, en 2022 se firmó un contrato de aparcería por cinco años, disponiendo —según la acusación— de un predio que no le pertenecía. En ese marco, se mencionó la siembra de maíz, producción que correspondería al Estado provincial.
El rol del ex funcionario
En abril de 2024, cuando Oviedo era Director de Ética y Legalidad, se firmó un convenio entre la Secretaría de Ética Pública y el Ministerio de Desarrollo Productivo, mediante el cual el campo fue puesto a disposición de dos abogados, uno de ellos el propio imputado.
El 26 de abril de 2024, el Estado tomó posesión del predio, hecho que fue reflejado en medios de comunicación, aunque —según Fiscalía— no existen constancias sobre el estado del campo ni de la cosecha.
Un testigo que trabajaba como cosechador declaró haber retirado 40 camiones de maíz, trasladados a un campo cercano.
La acusación
De acuerdo a la Fiscalía —representada por los Dres. Leandro Estrada y Alexis Chavero— Oviedo permitía la ejecución de contratos y la extracción de la producción sin rendiciones de cuentas ni actuaciones administrativas. La maniobra habría generado un perjuicio económico al Estado, que incluso podría enfrentar demandas civiles.
Posturas y defensa
Fiscalía de Estado, representada por Rafael Berruezo y Juan Ignacio Trusendi, coincidió con la acusación y sostuvo el encuadre como peculado e incumplimiento de deberes.
La defensa, a cargo de Gustavo Reviglio, se opuso a la imputación y aseguró que Oviedo actuó siguiendo órdenes jerárquicas, cuestionando la falta de pruebas sobre un beneficio personal.
Resolución
El juez Alfredo Cuello admitió provisoriamente los cargos, ordenó el levantamiento del secreto bancario, la firma del libro de presencia y la prohibición de salida del país. Fiscalía no descartó nuevas imputaciones a medida que avance la investigación.
