El Gobierno apura reglamentaciones, proyectos y una reorganización de áreas para darle contenido a la “fase 2″

Anoche se publicó en el Boletín Oficial parte de la reglamentación del paquete fiscal y se avanzaba en la Ley Bases y otros decretos. Revisión de empresas públicas y reestructuración de la AFI. Paquete fiscal y reordenamiento de la Jefatura de Gabinete. División de tareas

El Gobierno apura la reglamentación del paquete fiscal y la Ley Bases para avanzar en la segunda fase del mandato

Después de la sanción de la Ley Bases y del demorado Pacto de Mayo en el que, en los hechos, nadie, ni en el Gobierno ni en los aliados, tiene depositadas demasiadas expectativas, en la Casa Rosada sobrevolaba por estas horas la necesidad de apurar una serie de reglamentaciones, de proyectos y de reorganización de áreas para tratar de darle un inicio formal y contenido a la “fase 2″ que el propio Javier Milei promocionó horas después de la aprobación de la normativa que demoró seis meses de tratamiento.

Sancionado ese paquete parlamentario fundacional, Milei y sus principales colaboradores son conscientes de la necesidad del Ejecutivo de robustecer una gestión que, hasta ahora, estuvo atravesada por el plan de estabilización de la macroeconomía, exitoso para el Gobierno, pero que empezó a mostrar serias señales de agotamiento en las últimas semanas, y por la negociación en torno a la Ley Bases y el paquete fiscal, que se consumió el primer semestre. Sostenidas, en ambos casos, por una eficaz puesta en escena comunicacional que blindó a la administración libertaria.

En los últimos días, en la Casa Rosada se intensificó en ese sentido el trabajo vinculado con la reglamentación de esta normativa, que arrastra desde la sanción y promulgación de la iniciativa un condimento adicional: por su complejidad, involucra a un buen número de áreas de la administración pública. “Es mucho trabajo, varios decretos, muchas áreas involucradas”, explicaron, escuetas, fuentes oficiales.

Esta madrugada, por caso, se publicó en el Boletín Oficial parte de la reglamentación del paquete fiscal aprobado a fines de junio por la Cámara baja, vinculado a Bienes Personales y el blanqueo. Restaba, sin embargo, el capítulo de Ganancias.

Parte de esa labor recaía en estos días en la oficina de María Ibarzabal Murphy, la secretaria de Planeamiento Estratégico del Gobierno, una funcionaria cercanísima y de estrechísima confianza del asesor Santiago Caputo, que sobrevuela todo el gabinete si es que no tiene plena injerencia en casi todos los ministerios. Al consultor le adjudicaban ayer la decisión oficial de reavivar el conflicto en la ex agencia de noticias del Estado, con la dispensa de todo el personal periodístico cuando, en teoría, se había acordado el pase a la órbita de RTA. Según trascendió, en el primer piso de la Casa Rosada no cayó nada bien el festejo del gremio de prensa tras el regreso a los edificios de la ex Télam que permanecieron vallados durante más de 120 días.

Santiago Caputo, el estratega que suma poder en el Gobierno de Javier Milei

Para el Gobierno, es una definición vinculada no solo a la gestión, si no también a la construcción de un relato atravesado con potencia por lo ideológico. En ese contexto, el Ejecutivo le buscaba en estos días una salida a la situación del INADI, para tratar de cerrarlo de manera definitiva.

Una situación similar atraviesan las empresas públicas que el Gobierno pretende desprender de la órbita del Estado, aun en el caso de aquellas que puedan eventualmente presentar balances favorables. A fin del mes pasado, el equipo de Milei a cargo de ese rubro, con Caputo a la cabeza como autor intelectual y Diego Chaher como ejecutor material, recibió en el primer de la Casa Rosada a una docena de titulares de esas compañías estatales para bajarles línea del proceso que el Ejecutivo pretende acelerar en los próximos meses.

¿El mensaje? Cada representante de cada empresa tiene que encontrar el mejor plan para “mejorar” la administración de las mismas. Y encarar, en esa línea, una fase para modificar el estatus jurídico de las compañías, para pasar al esquema de sociedades anónimas. Es decir, privatizarlas. En algunas empresas se menciona, en ese sentido, que desde Casa Rosada se bajó la orden para propiciar la venta de las acciones del Estado. Y trascendió “marzo” del próximo año como un mes “tope”.

A principio de mes, por caso, el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial a Chaher, un abogado que se radicó en Mendoza y que desembarcó primero en el Ejecutivo como interventor de los medios públicos, como el flamante secretario de Empresas y Sociedades del Estado en reemplazo de Mauricio González Botto, que había llegado a la administración libertaria de la mano de Nicolás Posse, el eyectado ex jefe de Gabinete. En ese mismo decreto, se prorrogó por otros 180 días -ya se había establecido ese plazo en el artículo 51 del decreto 70, aún vigente, ideado en su momento por el ahora ministro Federico Sturzenegger-, el proceso privatizador de las empresas estatales, como plazo de transición. “Iniciado dicho proceso se ha tomado conocimiento del grave estado administrativo de las referidas organizaciones, las que, en su gran mayoría, no contaban con un análisis actualizado de su situación patrimonial y, en ciertos casos, con los instrumentos societarios actualizados inscriptos ante el Registro Público de Comercio correspondiente”, resaltó el decreto 553 con fecha de fines de junio.

Diego Chaher es el hombre designado por el Gobierno para llevar adelante el proceso de privatización de las empresas públicas

En Casa Rosada quieren darle celeridad al tema. En las últimas semanas, se intensificó la revisión de los directorios, y la búsqueda de funcionarios y directores que respondan directamente al entorno más cercano del presidente. En estas horas, por ejemplo, se modificó en silencio y sin levantar polvareda a todo el directorio de Arsat, la empresa nacional de telecomunicaciones que brinda conectividad.

Es una parte, más acotada, de la reorganización general de parte de la estructura del gabinete que el Gobierno prevé publicar en los próximos días vía decreto, y cuyos borradores van y vienen entre la planta baja -la secretaría Legal y Técnica- y el primer piso de la Casa Rosada. Y que reestructurará algunas de las atribuciones de la Jefatura de Gabinete, uno de los pendientes tras la salida de Posse y la asunción de Guillermo Francos, y el ingreso de Sturzenegger. Chaher, controlado por el asesor Caputo, por ejemplo, pasaría a depender de Economía, bajo el paraguas formal de Luis “Toto” Caputo.

Es el esquema que se apura para terminar de acomodar tras los movimientos de los últimos dos meses, después del tsunami interno que significó la renuncia de Posse, que había ideado un sistema de toma de decisiones en la Jefatura de Gabinete que provocó algo de malestar en parte de los ministros y secretarios de Estado. José “Cochi” Rolandi, vicejefe de Gabinete, abocado en este primer semestre a tiempo completo a las negociaciones parlamentarias por la Ley Bases y el paquete fiscal, se acomodó estas semanas en su nuevo rol. Seguirá, de todos modos, ligado a la relación con el Congreso. Se habla, puertas adentro, de que podría incluso levantar levemente su perfil público.

La semana próxima, se publicaría en paralelo la reestructuración de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que, según las fuentes, volverá a su nombre original, de Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que la popularizó, en buena medida, negativamente. Es un rubro acaparado exclusivamente por el estratega Caputo y sus socios, que desembarcaron en la agencia a través del bonaerense Sergio Neiffert, con múltiples y variopintas relaciones.

El Ejecutivo también trabaja en el pulido del paquete electoral que pretende enviar al Parlamento después del receso de invierno, y cuyos puntos principales incluyen la eliminación de las PASO y la implementación de la Boleta Única Papel (BUP). La semana pasada, como publicó Infobae, hubo una reunión para empezar a encarar ese tema en la que confluyeron Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete de Interior, Rolandi e Ibarzabal Murphy.

El Gobierno trabaja en una reforma electoral para aplicar en 2025

El inicio de la “fase 2″, signada por la necesidad de empezar a aceitar de una vez por todas la gestión, y encarar un proceso de recuperación económica, sí exhibió en estas semanas la decisión parcial del Ejecutivo de empezar a mostrar algunos gestos con las provincias aliadas y los gobernadores que apoyaron la sanción del paquete de leyes enviado por Milei.

Por ejemplo, con la liberación de algunos fondos. Hay varios casos. Uno de ellos es el de Entre Ríos: la Casa Rosada empezó a pagar el flujo mensual por la caja de jubilaciones -no la deuda- que el gobernador Rogelio Frigerio judicializó en la Corte Suprema. Es una de las provincias que no transfirió ese rubro a la Nación. Era uno de los pedidos de los gobernadores de Juntos por el Cambio a Milei y a Francos: empezar a tener un trato distinto a los de sus colegas que no prestaron por ahora ninguna colaboración con el Gobierno, y que exhibieron esa falta de apoyo con la ausencia en la puesta en escena de Tucumán del pasado lunes, para el demorado pacto de mayo. En ese contexto, Frigerio fue, por caso, uno de los más efusivos en su saludo con el presidente, en la foto oficial para la firma del “Acta de Mayo”.

Esa puesta en escena tuvo como condimento especial la presencia de Mauricio Macri, que voló más de 12 horas desde Europa para estar presente en esa foto después de una semana atravesada por un operativo desmarque de la Casa Rosada. Esa escenografía, en la medianoche tucumana, dejó secuelas cruzadas entre la conducción del PRO y el Poder Ejecutivo por los trascendidos en torno al trato personal, y televisivo, que la Casa Rosada le habría dado al ex mandatario. Ayer todavía había comentarios alusivos en los pasillos del Gobierno.

Anoche, en la charla que tuvo con LN+, Milei le envió un guiño a Macri: “Es parte de la solución”, dijo el presidente sobre su antecesor. El problema es que son muy pocos en el entorno del jefe de Estado que piensan como él.