El Gobierno argentino inhabilitó los centros de estudiantes en las cárceles federales
El Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, anunció la inhabilitación de los centros de estudiantes dentro de las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La medida, oficializada mediante la Resolución 372/2025 publicada en el Boletín Oficial, busca reestructurar las dinámicas internas de los penales bajo el argumento de que estos espacios afectan la reinserción social de los internos.
Según la resolución, los centros de estudiantes —grupos organizados por internos que cursan estudios— no están reconocidos legalmente por la administración penitenciaria y generan un esquema «incompatible» con el objetivo de readaptación social. El texto señala que muchos reclusos, bajo el pretexto de actividades relacionadas con estos centros, permanecían en los espacios educativos fuera de los horarios asignados para sus clases, lo que impedía su participación en tareas obligatorias como el trabajo y el mantenimiento de áreas comunes. “La asistencia prolongada en los centros educativos durante toda la jornada obstaculiza el cumplimiento de las pautas de progresividad del régimen carcelario”, afirma el documento.
La medida también prohíbe explícitamente la permanencia de internos en centros educativos o espacios de estudio más allá del tiempo estipulado para las actividades académicas. Sin embargo, el Ministerio aclaró que el acceso a la educación en todos sus niveles y modalidades seguirá garantizado para las personas privadas de libertad, en línea con las leyes nacionales (24.660, 26.206, 26.058 y 24.521) y tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La decisión se enmarca en una serie de políticas de endurecimiento del sistema penitenciario impulsadas por Bullrich. En diciembre de 2024, la Resolución 1346/2024 ya había establecido la obligatoriedad de que los presos realizaran tareas de mantenimiento sin remuneración, como parte de su proceso de reinserción. Ahora, con esta nueva normativa, el Gobierno busca reforzar la disciplina y el control dentro de los penales federales, priorizando las actividades laborales y de convivencia sobre las iniciativas autogestionadas por los internos.
La inhabilitación de los centros de estudiantes ha generado debate. Mientras el Ministerio sostiene que fortalece la seguridad y la readaptación, críticos podrían argumentar que limita la organización colectiva y el acceso pleno a derechos educativos en contexto de encierro, aunque aún no se han registrado reacciones oficiales al respecto. La implementación de la medida comenzará de inmediato en los complejos penitenciarios federales, como los ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras jurisdicciones del SPF.
