El Gobierno decretó un recorte al Fondo Fiduciario que administran los movimientos sociales
Éste lunes a primera hora e Gobieerno de Jvier Milei comunicó que decidió cambios en la forma que reparte los ingresos recaudados por el Impuesto País
A través del decreto 193/2024, decidió un recorte casi total en la partida que era destinada al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que administran los movimientos sociales.
Para entender el alcance de la poda hay que retrotraerse a la ley 27.541, que había destinado la transferencia del 30% de lo recaudado del tributo para financiar obras de vivienda social a través del FISU, obras de infraestructura económica y fomento al turismo.
El decreto 184/2020 dictado por Alberto Fernández definió prioridades y estableció girar el 30% al FISU, el 65% a obras de infraestructura económica y 5% al turismo.
Con los cambios dispuestos hoy por Javier Milei, sólo se girará un 1% al FISU y un 94% para obras de infraestructura económica. El fomento al turismo continuará con el mismo 5% del producido.
En términos matemáticos, esto significa que del 9% del total del producido por el Impuesto País que percibían los movimientos sociales, ahora recibirán un porcentaje testimonial de apenas 0,3 por ciento.
El Fondo de Integración Socio Urbana fue creado por el Decreto 819/2019 al final del gobierno de Mauricio Macri. Su objetivo era financiar proyectos de integración socio urbana para los Barrios Populares que están inscritos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y crear Lotes con servicios. Según su página web, el Fondo en la actualidad depende del Ministerio de Capital Humano.
En lo que respecta a esas cooperativas, con mínimas excepciones, como algunas organizaciones de izquierda, pertenecen a los movimientos sociales nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), integrada por dirigentes sociales como Juan Grabois, Emilio Pérsico, Daniel Menéndez, entre otros.
Los fondos del FISU eran alimentados por el impuesto PAIS después de lo que se dictó a través de la ley 27.541. Según el artículo 42 de esa disposición, el Poder Ejecutivo debía distribuir el producto de dicho impuesto de la siguiente forma: un 70% destinado a programas y prestaciones de la ANSES y el PAMI. Y un 30% a distribuir entre el FISU, obras de infraestructura económica y el fomento del turismo nacional.
Dicha normativa fue complementada, entre otros, por el Decreto 184/2020 en el cual el Ejecutivo, en el marco del artículo citado anteriormente, define que el 30% se divida de la siguiente manera: un 30% al FISU, un 65% a obras de infraestructura económica y un 5% al fomento del turismo nacional.
Es decir, al Fondo de Integración Socio Urbana se destinaba un 9% del total del impuesto. En 2023, el monto que alcanzó fue de casi seis mil millones de pesos.
Se trata de un fondo que en los últimos días estuvo bajo la mira del Gobierno producto de una auditoria donde se investigó si había irregularidades en el manejo del dinero. Sin embargo, el propio Poder Ejecutivo aclaró que hasta ahora la auditoría “no encontró hechos de corrupción” al menos evidentes.
Según pudo saber este medio de fuentes oficiales, desde la creación del FISU se realizaron 1.278 obras de integración en barrios populares, alcanzaron 5.060 asentamientos con obras de vivienda en los que se realizaron 6.517 intervenciones por un monto de casi 500 mil millones de pesos, exactamente $480.611.383.294,59 durante los últimos cuatro años. Fueron distribuidos en casi el 70% a “organizaciones de la sociedad civil”.
La auditoría en curso puso la lupa en que un gran porcentaje de las obras fueron veredas y cordones, que los contratos -como en las licitaciones de alimentos y medicamentos oncológicos- fueron dirigidos, en este caso, cooperativas vinculadas a los movimientos sociales de la UTEP.
A partir de estas investigaciones, el Gobierno decidió que se constituya el Comité Ejecutivo del FISU, que estará precedido por Sebastián Pareja, un hombre de estrecha confianza del Presidente, ya que era su armador político en la provincia de Buenos Aires.
Finalizada la auditoría que supervisa el destino de los miles de millones de pesos destinados a esas obras y en las que intervienen empresas y cooperativas piqueteras, la intención de Pareja -que ocupa el mismo cargo que Miño- es pagar -si todo está en orden- la totalidad de los certificados pendientes del año 2023, cuya documentación implica unos $20.000 millones.
