El Gobierno nacional derogó normas obsoletas que, al estar vigentes, permitían la posibilidad de fijar precios, intervenir en la actividad privada y someter a los ciudadanos a requisitos innecesarios. Además, se eliminó una resolución que imponía trámites redundantes para la homologación de neumáticos, lo cual encarecía su costo.
Mediante la resolución 1212/2024 del Ministerio de Economía y las resoluciones 433/2024 y 434/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, se suprimieron 43 normas con potencial para limitar la libertad de los ciudadanos.
Las normas eliminadas abarcaban controles en la carne vacuna, en alimentos lácteos, en comercios y grandes supermercados. También establecían regulaciones en los servicios de comunicación y farmacias, y requerían pedidos de información a empresas e instituciones educativas.
