El Gobierno disuelve el Instituto Nacional del Cáncer y el de Enfermedades Cardiovasculares en una polémica reforma sanitaria
El Gobierno nacional desató una ola de críticas al anunciar la eliminación del Instituto Nacional del Cáncer (INC) y del Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares (INEC), como parte de una reestructuración del sistema de salud público.
La medida, oficializada este martes 7 de julio a través de decretos publicados en el Boletín Oficial, también incluyó la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que centralizará la gestión de cinco hospitales nacionales, y la disolución de otras dependencias, como el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET).El INC, creado en 2010 para liderar la investigación, prevención y tratamiento del cáncer, pasará a funcionar como una unidad técnica dentro del Ministerio de Salud, manteniendo sus programas y personal, según el Gobierno. Sin embargo, especialistas y organizaciones advierten que esta reestructuración podría debilitar la lucha contra el cáncer, una de las principales causas de muerte en Argentina. Daniel Gómez, exdirector del INC, señaló que la absorción implica “un retroceso en la especialización” y podría agravar la falta de acceso a tratamientos, especialmente tras la disolución del Programa Nacional de Cuidados Paliativos en febrero.El INEC, por su parte, fue eliminado bajo el argumento de que “nunca funcionó” desde su creación en 2015, careciendo de sede, personal o presupuesto.
Voceros oficiales justificaron la medida como parte de un plan para eliminar estructuras inactivas y reducir costos. Sin embargo, profesionales de la salud alertaron que la decisión refleja un enfoque economicista que desprioriza la atención de enfermedades cardiovasculares, responsables de un tercio de las muertes en el país.La creación de la ANES, que gestionará los hospitales Baldomero Sommer, Alejandro Posadas, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur, busca “optimizar recursos” tras auditorías que detectaron irregularidades en licitaciones y compras de insumos.
El Gobierno también derogó la facultad de crear nuevos hospitales SAMIC, como el Garrahan, y eliminó delegaciones sanitarias provinciales, argumentando que la salud es competencia de las provincias.Las medidas, tomadas en las últimas horas de las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases, generaron rechazo entre trabajadores de la salud y pacientes, quienes denuncian un “desmantelamiento” del sistema público. “Estamos perdiendo herramientas clave para enfrentar el cáncer y las enfermedades cardíacas”, afirmó un grupo de oncólogos en un comunicado. Mientras el Gobierno defiende la eficiencia, la oposición y gremios prometen resistencia, temiendo un impacto directo en la calidad de la atención sanitaria.
