El Gobierno nacional, liderado por Javier Milei, anunció este miércoles la eliminación de la jornada no laborable correspondiente al Día del Trabajador del Estado, celebrado cada 27 de junio, mediante un decreto que será publicado en el Boletín Oficial en las próximas horas. La medida, comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia de prensa en Casa Rosada, busca equiparar las condiciones laborales entre el sector público y el privado, calificando el asueto como un “privilegio injustificado”.
La decisión, tomada a menos de 48 horas de la fecha, desató críticas de gremios y abrió un debate sobre su legalidad, ya que el día está respaldado por la Ley 26.876.
Detalles de la medida
El Día del Trabajador del Estado, instituido en 2013 por la Ley 26.876 en conmemoración del Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1978, otorgaba un día de descanso a los empleados de la administración pública nacional, asimilado a un feriado nacional. La normativa, ratificada en Argentina en 1987, reconoce el derecho a la negociación colectiva de los estatales. El artículo 2° de la ley establece el 27 de junio como “día de descanso” sin prestación de tareas. Sin embargo, el Gobierno decidió suprimir este asueto, argumentando que “el Estado no es un lugar para días sabáticos ni privilegios que el sector privado no tiene”, según Adorni.
La eliminación implica que dependencias como ANSES, ministerios, el Banco Central, ARCA e INDEC permanecerán abiertas este viernes, afectando a decenas de miles de trabajadores que esperaban un fin de semana largo. Adorni enfatizó que “ese día libre se financia con el aporte de cada contribuyente” y que trabajar en el Estado “requiere esfuerzo diario” para servir al ciudadano. La medida se alinea con la visión libertaria de un Estado austero, que “no entorpezca la libertad de los argentinos” y deje atrás “el culto al estatismo”.
Reacciones y controversia
La decisión generó una inmediata reacción de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Su secretario general, Rodolfo Aguiar, calificó la medida como “un acto despótico propio de un régimen autoritario” y advirtió que “solo el Congreso puede derogar una ley que él mismo sancionó”. En redes, Aguiar apuntó contra Adorni, acusándolo de “llenar la Secretaría de Comunicación de familiares y militantes libertarios con sueldos millonarios” y defendiendo el día como un reconocimiento histórico a los estatales. “En la Argentina no hay emperadores, Milei”, sentenció.
Desde el Gobierno, el funcionario Javier Lanari aclaró que “no se elimina el Día del Empleado Público, sino el asueto”, insistiendo en que el privilegio de no trabajar ese día es injusto. Lanari comparó la medida con el feriado del 1 de mayo, que aplica a todos los trabajadores, y afirmó que “el que no trabaja, no cobra”. Sin embargo, la eliminación por decreto enfrenta un potencial conflicto legal, ya que la Ley 26.876 requiere una derogación parlamentaria, lo que podría derivar en demandas judiciales.
En redes, la medida dividió opiniones. Algunos respaldaron la decisión, viendo el asueto como un beneficio innecesario, mientras otros criticaron la falta de aviso previo y el impacto en los trabajadores que planificaron actividades. La provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Axel Kicillof, no adhirió a la medida, por lo que sus empleados mantendrán el asueto, al igual que otras provincias y municipios que adoptaron la ley localmente.
