El Gobierno endurece la posición ante la CGT: minimizó el impacto del paro y apuesta a exponer a los gremios

En Casa Rosada creen que basta con dar “la batalla cultural” ante la sociedad. Admiten que algunos reclamos pueden tener legitimidad, pero confían en que los gremialistas tienen “la peor imagen” entre las corporaciones

Después de una jornada de paro general, el Gobierno decidió mostrarse indiferente, sin convocatorias de último momento a los jefes de la CGT ni llamadas urgentes para recomponer la relación. Mantenían la postura dura a pesar de las amenazas de algunos dirigentes sobre nuevas medidas de fuerza de mayor duración, incluso de 36 horas. En cambio, redoblaron la apuesta, y dispusieron una serie de mensajes fuertes para intentar exponer a los gremialistas ante la opinión pública.

Los asesores de Javier Milei insisten en que el paro y las protestas impulsadas por la central no debilitan al Gobierno, sino que lo benefician. Parten de la base de que hay una diferencia entre el acompañamiento generalizado a los reclamos -que, admiten, tienen respaldo- y el apoyo a la conducción de las medidas de fuerza. “Los gremios tienen el peor porcentaje de imagen positiva de todos los sectores, incluyendo a la Justicia y a la Policía, es impresionante. Lo que piden puede tener legitimidad, ellos no”, dijo un colaborador de la primera línea del Presidente esta tarde, desde su oficina. Por la ventana, la ciudad se veía desierta y silenciosa.

En la Casa Rosada están convencidos de que Pablo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña “les hacen un favor” al parar, y dispusieron una campaña para exacerbarlo. La única represalia que tomaron, por ahora, fue el anuncio de que les descontarán el día a los estatales que adhirieran. Pero el resto fueron mensajes de cara a la sociedad, desde la Sala de Conferencias de la Casa Rosada y desde las redes oficiales, incluida la del primer mandatario.

Milei publicó una imagen de él mismo modificada, que lo mostraba con una remera que decía “No paro”. Y sus especialistas en comunicación trabajaron en un informe que expusieron en la cuenta Oficina del Presidente con infografías que revelan, según sus cálculos, que la huelga tendrá un costo de “más de US$500 millones” para la economía. Además, compararon las cifras con la canasta básica, para que los usuarios entendieran mejor la magnitud de la pérdida.

La conferencia de prensa de la CGT (Luciano González)

En igual sentido, acusaron a los gremialistas de “extorsionar” a los trabajadores que sí querían asistir al aplicar la histórica táctica de frenar el transporte. “Les recordamos que sigue abierta la línea 134 para denunciar extorsiones”, dijo el vocero, Manuel Adorni. La primera huelga había sido el 24 de enero, cuando había pasado sólo un mes y medio del mandato de Milei, algo que distintos funcionarios se encargaron de remarcar entonces, y que repitieron hoy.

Aunque el Gobierno minimice el impacto de un segundo paro general en cinco meses de gestión, admiten que tiene consecuencias para la imagen que intenta proyectar Milei a los inversores del exterior, de los que dependerá en última instancia la recuperación de la economía cuando la capacidad de ajuste llegue al límite.

Después de que el dueño de Tesla, Elon Musk, llamara a invertir en el país, hoy los principales medios del mundo reflejaron una situación de inestabilidad en el país, que podría repetirse si no hay algún tipo de acuerdo. Así lo advirtió, por ejemplo, el delegado de Unión Ferroviaria, Rubén “Pollo” Sobrero. “Yo siempre fui crítico también con la gestión de Alberto Fernández, que fue un desastre, y también con Mauricio Macri. Siempre dije que se estaba atentando contra los trabajadores. Pero ahora pegó un salto y empeoró la situación. Si no hay respuesta con este paro de 24 horas, haremos otro de 36″, dijo, en una amenaza velada.

A pesar de que en público eligieron la estrategia de mostrarse en pie de guerra, por lo bajo hubo algunos intentos de acercamiento con los gremios, que en Balcarce 50 deslizaban pero mantenían, a toda costa, bajo absoluta reserva. La semana pasada, el ministro del Interior, Guillermo Francos, había dicho que intentaría “desactivar” la medida, pero sus gestiones, si existieron, resultaron infructuosas. En cambio, se impuso la posición más dura, de colaboradores como Santiago Caputo, que consideran que medidas como las de hoy no tienen legitimidad y son insostenibles.