El Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil y baja la edad de imputabilidad a 14 años
El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La norma fue oficializada mediante el Decreto 138/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La reforma introduce un nuevo esquema de responsabilidad penal para adolescentes que cometan delitos, con penas graduadas según la edad, la gravedad del hecho y el contexto en el que ocurrió.
La iniciativa fue aprobada por el Senado el 27 de febrero, durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso, con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, luego de haber obtenido previamente media sanción en la Cámara de Diputados.
Cambios en la legislación penal juvenil
Hasta ahora, el sistema penal argentino estaba regido por un régimen vigente desde 1980 que establecía que los menores de 16 años eran inimputables, mientras que los jóvenes de entre 16 y 18 podían ser juzgados bajo un sistema especial.
Con la nueva ley, los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser imputados penalmente por delitos, aunque bajo un régimen diferenciado del que se aplica a los adultos.
El sistema prevé medidas socioeducativas, programas de reinserción social y sanciones progresivas según la gravedad del delito. En los casos más graves, el régimen contempla penas de privación de la libertad en establecimientos especiales para menores.
Negociaciones políticas para aprobar la ley
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo originalmente proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Sin embargo, durante el debate legislativo se modificó el texto para fijar el límite en 14 años, con el objetivo de lograr consenso entre los bloques parlamentarios.
Ese cambio permitió sumar el respaldo de sectores de la oposición dialoguista, principalmente legisladores del PRO y la UCR, lo que facilitó la aprobación definitiva en el Congreso.
Comparación con otros países
El Gobierno defendió la reforma señalando que la edad de imputabilidad en Argentina quedaba por encima o en línea con la de varios países de la región.
En América Latina, varios sistemas judiciales establecen la responsabilidad penal juvenil desde edades similares o incluso menores.
Por ejemplo, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana fijan la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá la establecen desde los 12 años.
En la mayoría de esos países, el tratamiento judicial de los adolescentes combina sanciones con medidas educativas y programas de reinserción social, priorizando la recuperación del menor dentro de la sociedad.
Debate y controversias
La reforma del régimen penal juvenil generó un intenso debate político y social en el país.
El oficialismo defendió la medida como una herramienta necesaria para enfrentar delitos graves cometidos por menores y modernizar una legislación que llevaba más de cuatro décadas vigente.
En cambio, sectores de la oposición, organizaciones de derechos humanos y especialistas en infancia cuestionaron la reforma y advirtieron que la baja de la edad de imputabilidad no necesariamente reduce la criminalidad juvenil, señalando la importancia de políticas sociales, educativas y de prevención.
A partir de su promulgación, el nuevo régimen comenzará a aplicarse progresivamente en todo el país, lo que obligará a las provincias y al sistema judicial a adaptar procedimientos, instituciones y programas de tratamiento para adolescentes en conflicto con la ley penal.
