El Gobierno promulgó la Emergencia en Discapacidad, pero suspendió su aplicación por falta de financiamiento
El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, aunque decidió suspender su aplicación hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento necesarias. La medida quedó oficializada este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 681/2025.
El argumento del Ejecutivo
En los considerandos, el Ejecutivo señaló que la ley representa un gasto estimado en $3,019 billones, lo que equivale al 0,35% del Producto Bruto Interno (PBI). Este monto incluye la creación de nuevas pensiones, la cobertura médica integral y la compensación a los prestadores de servicios vinculados al área de discapacidad.
Desde la administración de Javier Milei se advirtió que el presupuesto vigente “no cuenta con créditos suficientes” para afrontar esa erogación y que, además, el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente” cuáles serían las fuentes de financiamiento, en contraposición con lo que establece la Ley de Administración Financiera.
Por esa razón, el Gobierno resolvió promulgar la ley pero al mismo tiempo diferir su entrada en vigencia hasta que el Parlamento disponga los fondos necesarios para su instrumentación.
El impacto fiscal y político
La decisión refleja una estrategia recurrente de la Casa Rosada en torno a leyes votadas por consenso opositor, pero cuestionadas por su costo fiscal. En este caso, el oficialismo busca trasladar la responsabilidad del financiamiento al Congreso, al que instó formalmente a adoptar las medidas presupuestarias que permitan cubrir el gasto.
La postura del Ejecutivo abre un nuevo foco de tensión con legisladores y organizaciones sociales vinculadas a la discapacidad, que habían celebrado la aprobación de la norma como un avance en materia de derechos.
Reacciones y próximos pasos
Diversos colectivos y asociaciones que representan a personas con discapacidad ya habían advertido que el veto o la demora en la aplicación de la ley significarían un retroceso en el acceso a prestaciones básicas y en la inclusión social. Ahora, con la promulgación condicionada, las expectativas quedan puestas en el debate legislativo sobre cómo se obtendrán los recursos.
La Casa Rosada aclaró que solo el Congreso tiene la facultad de autorizar un incremento en el gasto total del presupuesto, condición indispensable para poner en marcha la emergencia. Mientras tanto, la implementación quedará en suspenso.
Con este movimiento, el Gobierno de Javier Milei intenta equilibrar entre la obligación legal de promulgar una norma votada por mayoría parlamentaria y su objetivo central de disciplina fiscal, que se ha convertido en la marca distintiva de su gestión.
