El Gobierno reactiva el debate por la imputabilidad juvenil y suma el proyecto a las sesiones extraordinarias
El Gobierno nacional resolvió avanzar con la Ley Penal Juvenil, una iniciativa que propone bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, y confirmó que el proyecto será incorporado al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso que comenzarán a partir del 2 de febrero.
La definición se tomó tras una reunión política en Casa Rosada, en la que el presidente Javier Milei y su equipo legislativo delinearon la estrategia parlamentaria para acelerar la agenda de reformas durante el verano. Si bien la Reforma Laboral continúa siendo la prioridad central del Ejecutivo, el oficialismo decidió ampliar el temario e incluir iniciativas de alto impacto social y político.
La Ley Penal Juvenil no es un proyecto nuevo. Se trata de una iniciativa que ya había obtenido dictamen en la Cámara de Diputados durante 2025 y que fue elaborada en el ámbito del Ministerio de Justicia, con un régimen específico para adolescentes, diferenciado del sistema penal de adultos. En esta nueva etapa, el texto fue ajustado para facilitar su tratamiento parlamentario y adecuarlo a la estrategia política del Gobierno.
En paralelo, la reforma integral del Código Penal, que también contempla la reducción de la edad de imputabilidad, quedaría reservada para el período ordinario de sesiones, que se inicia el 1° de marzo. La decisión de desdoblar los debates responde a la necesidad del oficialismo de concentrar esfuerzos y ordenar prioridades legislativas.
Un debate que vuelve al centro de la escena
La reactivación del proyecto se da en un contexto marcado por hechos de violencia protagonizados por menores, que reabrieron la discusión pública sobre la responsabilidad penal juvenil y el funcionamiento del sistema actual. Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a dar una respuesta institucional a delitos graves, bajo un régimen específico que contemple sanciones graduales y medidas diferenciadas.
El tema, sin embargo, promete generar un fuerte debate en el Congreso. Mientras sectores del oficialismo y aliados consideran que la baja de imputabilidad es una herramienta necesaria frente a la inseguridad, otros espacios políticos y sociales advierten sobre los riesgos de criminalizar a adolescentes sin fortalecer previamente políticas de prevención, contención y reinserción.
Con este escenario, el Ejecutivo se prepara para un período extraordinario cargado de discusiones sensibles, en el que buscará imprimir ritmo a su programa de reformas y marcar el pulso político del inicio de 2026.
