El Senado convirtió en ley el Régimen Penal Juvenil: la edad de imputabilidad baja a 14 años
Tras un extenso y tenso debate, el Senado de la Nación aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil y estableció la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa fue sancionada con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.
El proyecto, que ya contaba con media sanción de Diputados, ahora deberá ser reglamentado y publicado en el Boletín Oficial para su plena entrada en vigencia.
Un cambio estructural en el sistema penal
La norma crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años, con procedimientos diferenciados respecto del régimen de adultos.
Entre sus ejes centrales, establece:
- Presunción favorable a la minoría de edad.
- Separación absoluta entre adolescentes y adultos en ámbitos judiciales y penitenciarios.
- Principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad en la privación de la libertad.
- Prioridad en la resocialización y reinserción.
La prisión quedará reservada para delitos graves y con límites estrictos de duración. Además, se incorporan sanciones alternativas como tareas comunitarias, reparación del daño, monitoreo electrónico y medidas educativas.
También se prevé la intervención de equipos interdisciplinarios para casos vinculados a salud mental o consumo problemático.
El rol de las víctimas
El nuevo régimen otorga un papel activo a las víctimas de delitos cometidos por menores. Se garantiza asistencia jurídica y psicológica inmediata, participación en audiencias y posibilidad de intervenir en instancias restaurativas como la mediación penal juvenil.
Fuerte respaldo oficialista
La norma fue impulsada durante la gestión de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien celebró la sanción como un logro político.
“El Estado no va a seguir mirando para otro lado. No importa la edad del delincuente, importa el delito”, sostuvo durante el debate.
La vicepresidenta Victoria Villarruel presidió la sesión, que incluyó un minuto de silencio por víctimas de delitos.
Críticas por presupuesto e inconstitucionalidad
El interbloque peronista votó en contra y cuestionó tanto el enfoque punitivo como el financiamiento previsto.
El presupuesto asignado asciende a $23.700 millones para las provincias. Según datos citados en el debate, esa cifra permitiría construir alrededor de 7.400 metros cuadrados de infraestructura carcelaria en todo el país, lo que equivaldría a unos 308 metros cuadrados por distrito.
El senador Jorge Capitanich advirtió que sin recursos suficientes la ley podría convertirse en “letra muerta”.
En la misma línea, Lucía Corpacci y Gerardo Zamora señalaron posibles problemas de constitucionalidad y anticiparon mayor litigiosidad.
El cierre del bloque kirchnerista estuvo a cargo de Martín Soria, quien sostuvo que la norma “no resolverá el problema de fondo” y cuestionó su encuadre jurídico.
Con esta sanción, el Congreso redefine el abordaje penal juvenil en la Argentina, en medio de un fuerte debate político y jurídico sobre seguridad, federalismo y derechos de las infancias.
