Escándalo en el Concejo de Villa de Merlo: una sesión extraordinaria atravesada por cruces, denuncias y decisiones polémicas
La sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de la Villa de Merlo, realizada este miércoles, derivó en un escenario de fuerte tensión política e institucional, con cruces verbales, acusaciones cruzadas y la aprobación de un proyecto de resolución sorpresivo, impulsado por el oficialismo, que despertó cuestionamientos por su presunta violación del reglamento interno.
El eje del conflicto volvió a ser la situación del intendente electo Juan Álvarez Pinto, actualmente con funciones como ministro provincial. Desde la oposición sostienen que la licencia otorgada para ausentarse del cargo venció el 23 de diciembre, y que desde entonces se acumulan más de 40 días de vacío institucional, con posibles consecuencias administrativas y legales.
La postura de la oposición
Las concejalas Ana Laura Ferrarotti y Lucía Miranda, junto al concejal Daniel Orué, reiteraron en el recinto que no existe ningún instrumento legal que avale una prórroga automática de la licencia, y advirtieron que la continuidad del esquema actual compromete la validez de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo municipal.
En ese marco, remarcaron que ya se realizaron presentaciones judiciales para que se investigue la situación, al considerar que el Concejo no puede convalidar un funcionamiento institucional irregular.
El oficialismo y la resolución polémica
Desde el bloque oficialista se rechazaron las acusaciones y se sostuvo que todo se trata de un “error de interpretación” por parte de la oposición. Sin embargo, el momento más tenso de la jornada se produjo cuando la concejala María José Álvarez presentó un proyecto de resolución que no figuraba en el orden del día, aprobado de inmediato gracias a la mayoría automática del oficialismo.
La iniciativa exige que los concejales opositores pidan disculpas públicas en un plazo de 72 horas, acusándolos de alterar el orden público y “poner en riesgo la paz social”. El texto incluso faculta a la Presidencia del Concejo a formular una denuncia penal en caso de que no se cumpla con esa exigencia.
Además, el proyecto contempla que Juan Álvarez Pinto no deba volver a solicitar licencia, habilitándolo a continuar en funciones provinciales sin intervención futura del cuerpo legislativo local.
Un clima institucional deteriorado
La resolución fue duramente cuestionada por la oposición, que la calificó como un acto de presión política sin antecedentes, y la sesión terminó entre gritos, discusiones y un clima de máxima tensión.
Previamente, durante la sesión preparatoria —a la que la oposición no asistió tras retirarse del recinto— se aprobó la continuidad de Leonardo Rodríguez como presidente del cuerpo, de Patricia Morandé como vicepresidenta primera y de María José Álvarez como vicepresidenta segunda.
Por razones particulares, los concejales Daniel Orué y Mauricio Lamas no participaron de las sesiones preparatoria ni extraordinaria.
El episodio dejó expuesta una profunda fractura política y un escenario institucional que podría derivar en nuevas instancias judiciales y mayor conflictividad en el corto plazo.
