Escándalo en Tucumán: Sacaban presos de la comisaría para usarlos como albañiles en una casa de veraneo de un jefe policial
Un grave caso de corrupción policial sacudió a Tucumán este miércoles cuando una investigación interna reveló que dos altos mandos de la fuerza facilitaban la salida de presos de la Comisaría Chuscha en Trancas para que trabajaran como albañiles en la casa de veraneo de una autoridad.
El gobernador Osvaldo Jaldo dispuso la baja inmediata del comisario Gustavo Beltrán, jefe de la Unidad Regional Norte, y su segundo, Sergio Juárez, mientras que cuatro personas –dos policías y dos detenidos– quedaron detenidas en un operativo en El Cadillal. El procedimiento, encabezado por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y la Jefatura de Policía, surgió de denuncias anónimas telefónicas que alertaron sobre movimientos inusuales de personas con antecedentes en la zona turística de El Cadillal. La pesquisa reservada, instruida por el jefe de Policía, Joaquín Girvau, y su segundo, Roque Yñigo, confirmó que al menos cuatro presos eran trasladados en patrulleros para realizar tareas de construcción en la propiedad de Beltrán, con la complicidad de agentes que también participaban en la obra en horarios de servicio.En el allanamiento, los fiscales de Estado encontraron a un policía y dos reclusos trabajando en el sitio, lo que derivó en las aprehensiones. El decreto N° 3407, firmado por Jaldo y Agüero Gamboa, califica las conductas como “incompatibles con la función policial” y que “afectan gravemente la confianza de la sociedad”. Beltrán y Juárez no podrán jubilarse temporalmente y enfrentan sanciones disciplinarias, mientras la fiscal Mariana Rivadeneira ordenó la detención de Beltrán, quien pasó horas en el Departamento de Personal antes de ser aprehendido.
El comisario Soria asumió interinamente la Unidad Regional Norte. Girvau enfatizó que “no aplica la obediencia debida” y que los responsables responderán penalmente. Este escándalo reaviva prácticas históricas en Tucumán, como el uso de detenidos por autoridades judiciales o policiales para beneficio personal, un patrón que ha generado alarma institucional en el pasado.La comunidad de El Cadillal, un balneario popular, expresó indignación por la vulneración de la confianza pública. El Gobierno provincial, a través de Agüero Gamboa, prometió una depuración exhaustiva de la fuerza para restaurar la credibilidad.
