Estafa ganadera: una causa iniciada en San Luis derivó en la recuperación de 1.060 vacunos valuados en $2.000 millones
Una investigación judicial por una presunta estafa en la comercialización de hacienda, que se habría originado en San Luis, derivó en la recuperación de 1.060 cabezas de ganado valuadas en más de $2.000 millones. El operativo se realizó en la provincia de Córdoba por orden de la Justicia de La Pampa, y los animales quedaron finalmente bajo custodia judicial en un campo ubicado en Fortuna.
El procedimiento se desarrolló entre viernes y sábado en un establecimiento rural de la zona de Chaján, en jurisdicción de Sampacho, departamento Río Cuarto. Allí, personal policial identificó, resguardó y trasladó la hacienda hacia territorio sanluiseño, debido a que las víctimas poseen campos en la provincia y allí se habría iniciado la maniobra fraudulenta.
El operativo
La medida se concretó a partir de un exhorto librado por la Justicia de La Pampa y fue ejecutada por efectivos de la Policía de Córdoba, con intervención de la Departamental Río Cuarto, la Dirección General de Investigaciones Criminales y la Patrulla Rural. Para el traslado del ganado se utilizaron siete camiones especialmente acondicionados.
Según se informó oficialmente, los animales —de raza mestiza Aberdeen Angus— están vinculados a una causa que investiga maniobras fraudulentas en la compraventa de hacienda, cuyo perjuicio económico supera los $2.000 millones.
El origen de la causa
La investigación se inició en mayo de 2025 tras la denuncia de la firma pampeana San Jorge Cereales y Hacienda SA, que fue víctima de una operación comercial pagada con cheques sin fondos. Los imputados son Iván Fiorini y Ana Paula Courreges, representantes de la firma San Pablo Oeste SA, quienes ya fueron formalizados por el delito de estafa.
En ese contexto, se había perdido el rastro de 1.133 animales —entre vacas, vaquillonas y toros— hasta que en diciembre se detectó que la hacienda había sido trasladada desde Buenos Aires a un predio del feriero ganadero Carlos J. Lanser, en Córdoba.
Sospechas y resistencia al allanamiento
De acuerdo con la investigación, se sospecha que Lanser habría encubierto a los estafadores, resguardando los animales para engordarlos y luego venderlos en feria. Durante el allanamiento, el propietario del campo y sus puesteros intentaron impedir el procedimiento mediante agresiones físicas y verbales contra el personal policial.
Por orden judicial, los vacunos secuestrados fueron entregados a la empresa damnificada como depositario judicial e ingresados a un campo de su propiedad en Fortuna, donde permanecerán a disposición de la Justicia.
Intervención judicial
Los procedimientos se realizaron en virtud de un exhorto firmado por el juez de Control de General Pico, Diego Ambrogetti, a pedido del fiscal adjunto Matías Juan, y de la orden de allanamiento dictada por el juez de Control y Faltas de Río Cuarto, Diego Ortiz.
La causa continúa en trámite y no se descartan nuevas medidas para determinar responsabilidades penales, reconstruir el circuito de comercialización y establecer el destino final de las maniobras investigadas.
