El cierre de la histórica fábrica Fate volvió a sacudir la agenda política y económica de la Casa Rosada. La noticia se conoció en plena discusión por la reforma laboral y en la antesala de un paro nacional, lo que convirtió el episodio en un foco de alta sensibilidad para el oficialismo.
En el entorno del presidente Javier Milei sostienen que la crisis de la compañía no es nueva y la vinculan a años de conflictividad gremial y a distorsiones estructurales previas. Sin embargo, la reacción política fue inmediata: el Ejecutivo ordenó dictar la conciliación obligatoria para frenar los despidos y ganar tiempo en un escenario cargado de tensión.
Puertas adentro, el Gobierno interpreta que el cierre no fue casual y lo enmarca en una disputa más amplia sobre el rumbo económico.
La transición del modelo
En el oficialismo reconocen que los datos de empleo industrial generan preocupación. Las últimas cifras oficiales muestran caída del empleo privado registrado y reducción de empresas con personal en relación de dependencia.
No obstante, la lectura del equipo económico es clara: el modelo de apertura y desregulación implica una transición. Sectores menos competitivos pueden verse afectados en el corto plazo, mientras otros —como el agro, la minería, la energía y la economía del conocimiento— se expandirían con mayor dinamismo.
La baja de la inflación sigue siendo el principal capital político del Gobierno. La apuesta es que, con crecimiento superior al 4% anual, el repunte comience a sentirse en el bolsillo, el comercio y el empleo.
La ventana judicial
En paralelo, La Libertad Avanza detecta una oportunidad institucional. Tras la votación de la reforma laboral en el Senado, el oficialismo quedó cerca de los números necesarios para avanzar en designaciones judiciales clave sin depender del kirchnerismo.
En el radar aparecen más de 50 pliegos para juzgados federales y vacantes estratégicas en distintos tribunales. También se menciona, aunque con cautela interna, la posibilidad futura de negociar cargos en la Corte Suprema.
Con una oposición fragmentada y capacidad de articulación parlamentaria demostrada en las últimas semanas, el Gobierno entiende que atraviesa una ventana política que podría permitirle consolidar influencia tanto en el plano económico como en el judicial.
