Imputaron por corrupción a la ex diputada Anabela Lucero y a su pareja, y dispusieron medidas: embargo por $300 millones y prohibición para salir de San Luis

Tampoco podrán viajar fuera del país y deberán entregar los pasaportes. Así quedó resuelto en la audiencia de formulación de cargos que finalizó pasadas las 18:30 del viernes. El robo en poblado y en banda fue la única calificación legal que rechazó el juez Santiago Ortiz.

10 horas duró la audiencia donde imputaron por diversos delitos a la ex legisladora Anabela Lucero, a su pareja, el actual diputado provincial Joaquín Beltrán; a su hermano, Enzo Lucero; a su cuñado, Exequiel Scarel, y a Diego Torres. Fueron tres cuartos intermedios los que necesitó el juez, Santiago Ortiz el viernes para disponer sobre la situación procesal de los implicados por el vaciamiento del Molino Fénix.

Pese a lo extensa que fue la audiencia, la formulación de cargos se concretó, y quedó probado que todos, en diferente grado, tuvieron responsabilidad en el manejo irregular sobre los fondos públicos, los bienes y las instalaciones del complejo donde está La Casa de la Música.

El fiscal, José Olguín acusó a Anabela Lucero, Beltrán, Scarel, Enzo Lucero y Torres por nueve hechos delictivos de peculado, hurto y administración fraudulenta, los cuales describió uno por uno y en algunos casos expuso los registros fílmicos que acreditaron esos momentos (no pudieron mostrarse todos por un pedido que hizo la defensa).

Cerca de las 13:30 Ortiz decidió imputarlos por ocho hechos. Solo rechazó el robo calificado en poblado y en banda. Después se fueron a otro cuarto intermedio hasta las 18. En ese tiempo el magistrado resolvió las medidas de coerción que pidió Olguín.

La ex diputada, Anabela Lucero, el abogado, Carlos Cobo y el diputado, Joaquín Beltrán entran a los Tribunales

Para los cinco dispuso la prohibición de acercamiento a una distancia de 200 metros del Molino Fénix, Casa de la Música y Museo Gatica; prohibición de salir de la provincia y del país sin permiso judicial hasta la finalización de la investigación (4 meses); la firma del libro del 1 a 10 de cada mes en Fiscalía; la entrega de los pasaportes; y dio lugar al embargo preventivo por 300 millones de pesos (en total para todos). Rechazó la prohibición de acercamiento a los testigos.

Los representantes de la defensa de todos los imputados solicitaron la revisión de la medida. Ahora lo deberá resolver el Tribunal de Impugnaciones.

Los abogados de Anabela Lucero y Beltrán (Carlos Cobo y Gonzalo Estrada) fueron muy duros en críticas hacia Ortiz. Plantearon “falta de imparcialidad”, persecución política y favores del Gobierno: “No sé qué le habrán prometido”.

Llamativas fueron las expresiones que usaron para graficar el malestar: “¿Fusilamiento no?”, “tribunal de inquisición”, “se le está yendo la mano”, “exceso de derecho que no se puede concebir”, “tiene que ser coherente con el término justicia”, “¿tiene los pantalones cortos o largos?”. A los fiscales les dijeron que “mentían”, inclusive Beltrán denunció a uno de los policías que estuvo en la investigación, y también que allanó su casa. Además, denunció al ex gerente del organismo, Pablo González (por falso testimonio).

Cobo y Estrada pidieron un cuarto intermedio de 5 días para hacer la defensa, pero el juez insistió que debía cumplirse el objetivo de la audiencia que era la formulación de cargos. Ya no había motivos para dilatar las imputaciones (hubo dos suspensiones), no le hizo lugar y recibió otra respuesta: “Usted está apurado?”.

Cuando a las 18:30 Ortiz ya había terminado de comunicar su resolución, se produjo un cruce que no pasó desapercibido. Cobo increpó al fiscal adjunto Marcelo Palacio, y tuvo que intervenir la Policía.

Beltrán fue el único que habló ante el magistrado para dar su versión como administrador del predio. No consideró excesivos los gastos en combustible porque muchos viajes se hacían a Buenos Aires para contratar artistas. Negó que usó las instalaciones como vivienda. Cuestionó los procedimientos policiales y los elementos que le secuestraron.

Los ex funcionarios en el banquillo de los acusados.

Los hechos que describió el fiscal

El primero sucedió el 16/06/23, entre las 22 y las 00 del el 16/06/2023 en la Casa de la Música. Quedó documentado que ese día, entre las 22 y las 00, Beltrán y Torres llegaron a las instalaciones para cargar muebles y otros bienes en una camioneta Hilux (fue facilitada por otra persona), para ser trasladados a la sede política que Anabela Lucero tenía sobre calle Pringles, y que instaló cuando fue candidata a intendenta. Dijo el fiscal que acomodaron los muebles y que cortaron la luz para que estuviera todo oscuro cuando los cargaban.

Otro fue el 27 de noviembre de 2023 cerca de las 22, también consta en una filmación que Scarel “sustrajo varios elementos” y los guardó en su auto particular. Los vehículos es de las mismas características que se intentó secuestrar el miércoles a la pareja de Scarel, la concejal Virginia Lucero.

El 9 de diciembre de 2023, entre las 11 de la mañana y las 18, los 5 se hicieron presente en el Molino Fénix y en el Museo José María Gatica para apoderarse de documentación. Dijo Olguín que rompieron cajoneras y una puerta del teatro de donde sacaron elementos de iluminación.

Señaló que al chofer lo mandaron a hacer unos traslados, en una camioneta que tenía la caja “llena de computadoras y notebooks que después no se encontraron”. De la oficina de recursos humanos “hallaron faltante de documentación, muebles rotos”.

Según la evidencia fílmica, en el automóvil de Anabela Lucero cargaron bolsas que después son tiradas en el basural en la zona del barrio Kilómetro 4.

Otra de las acusaciones es por la utilización de bienes del Molino Fénix, por parte de la pareja “para beneficio privado”. En concreto “usaron el servicio de hotel” que está destinado para los artistas que llegan a grabar.

Probó Olguín que Beltrán y Lucero vivieron en las instalaciones nueve meses, y usaron el servicio limpieza, cocina y seguridad. Que recibieron en las instalaciones a parientes, que hicieron fiestas, que “venían funcionarios a visitarlos y que no pagaban por ningún servicio”.

En otro hecho, sostuvo que Beltrán “abrió una cuenta en una estación de servicio” donde cargaban combustibles 14 personas, según expuso. “Tenemos todos los recibos de las personas que cargaron, con el permiso de Beltrán”, dijo. Había 22 autos registrados que utilizaron ese beneficio pagado con dinero del Estado, a través del Molino. 5900 litros de combustible: que a la fecha están valuados en por lo menos 8 millones de pesos.

También se comprobó que con esos dineros del Estado también “se pagaba a una asesora” de Lucero cuando era diputada.

Por otra parte, detalló que desde ese complejo “se financiaba la campaña política de Lucero” cuando en 2023 fue candidata a intendenta de Villa Mercedes. En las instalaciones se “armaban bolsones de comida y los empleados eran obligados a participar de actos políticos”. También al personal lo mandaban a limpiar las sedes de ella.

En otra expendedora le ponían combustible a los dos vehículos, entre ellos una Toyota Hilux, que eran propiedad del Molino. Además, sostuvo que estos eran usados “para actividades políticas y partidarias”, y que la camioneta en una oportunidad viajó hasta Córdoba a buscar los folletos de la campaña. También llevaron gente a votar, y a “retirar gaseosas y fernet” de una distribuidora.

Añadieron otras situaciones donde gastaron plata pública para hacer remeras y banderas de Anabela Lucero, y la contratación de un transporte (dijo que hay 30 facturas) para trasladar pasajeros desde Villa Mercedes a la sede del PJ en San Luis, o a la Cámara de Diputados.

También acreditaron que el Molino pagaba los seguros de los dos inmuebles donde funcionaban las sedes partidarias de Lucero, una de ella sobre calle Pringles.