Judiciales de San Luis advierten por un «ataque a la autonomía» tras la derogación del artículo 2° párrafo 6 de la ley salarial
El proyecto del Ejecutivo provincial para prorrogar la emergencia económica incluye la eliminación de un artículo clave que garantizaba aumentos al Poder Judicial. El gremio denuncia una grave afectación a la independencia institucional.
El Sindicato de Judiciales Puntanos (SIJUPU) expresó su fuerte rechazo a la derogación del segundo párrafo del artículo 2° párrafo 6 de la Ley de Escala Salarial Judicial (Ley IV-1103-2023), incluida en el proyecto enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura para prorrogar la emergencia económica y social por dos años.
Ese artículo obligaba al Ejecutivo a remitir las partidas necesarias para que los aumentos salariales otorgados al resto de la administración pública se aplicaran también en el Poder Judicial, respetando la escala porcentual.
Según el gremio, su eliminación “rompe el principio institucional de igualdad salarial entre los tres poderes”, y “deja al Poder Judicial a merced de la discrecionalidad política y presupuestaria del Ejecutivo de turno”.
Riesgo para la independencia judicial
El comunicado del sindicato remarca que el 79% del presupuesto judicial depende del Tesoro Provincial, y que el 80% del gasto anual se destina a salarios. Sin la garantía legal de partidas, advierten que no hay forma material de aplicar aumentos futuros, salvo que el Ejecutivo lo permita.
Además, denuncian que se contradice la Ley de Autonomía Judicial (Ley IV-0088-2004), que establece que los sueldos del Poder Judicial deben ser propuestos por el STJ y seguir la política salarial de los otros poderes. También se vulnerarían los artículos 192 y 198 de la Constitución provincial, que garantizan la intangibilidad de las remuneraciones y la independencia funcional del Poder Judicial.
Cita a la Corte y críticas al “industricidio institucional”
El gremio cita el fallo “Tobar” de la Corte Suprema (2002), que declaró inconstitucional la Ley de Déficit Cero por afectar derechos salariales aun en contexto de emergencia. “Los derechos de los trabajadores estatales no pueden quedar a merced de la discrecionalidad económica del poder público”, subrayó aquel fallo.
En lugar de avanzar con una reforma para dotar de autarquía financiera al Poder Judicial —como lo proponía un proyecto presentado en 2024 que nunca fue tratado—, el gremio afirma que se da marcha atrás con el único artículo que garantizaba presupuesto para aumentos.
“Lo que está en juego no es solo el salario. También lo están la escala judicial, la institucionalidad, la legalidad y la independencia del Poder Judicial”, concluye el documento difundido por SIJUPU.
