Juicio a Churquina: revelan pagos de $400 mil al mes y vínculos con funcionarios penitenciarios
La quinta audiencia del juicio federal contra Rafael Dante “Churquina”, acusado de liderar una organización narco que operaba desde la cárcel de San Luis, expuso pruebas que apuntan a un entramado de corrupción y protección dentro del Servicio Penitenciario Provincial (SPP).
Según la investigación, Churquina no solo continuaba con sus maniobras ilícitas desde prisión, sino que además habría contado con la colaboración de funcionarios penitenciarios para garantizarse beneficios, contactos y un trato privilegiado.
Pruebas que lo comprometen
Durante la audiencia se presentaron audios y chats obtenidos del teléfono atribuido a Churquina, en los que se evidencia un vínculo directo con el director de la Unidad, Jorge Orozco.
“El director viene todos los días… Gracias a vos tengo una casa cerrada, cambié mi auto, estoy haciendo una pileta”, se escucha en uno de los mensajes exhibidos ante el Tribunal.
De acuerdo con los investigadores, Churquina habría pagado $400 mil pesos mensuales al funcionario penitenciario, además de haber realizado entregas en su domicilio. En una ocasión, según consta en el expediente, se instruyó a entregar 6 mil dólares y 42 mil pesos en la casa de Orozco, a través de su esposa.
Favores, objetos y vehículos
Las conversaciones también revelaron pedidos de objetos y beneficios especiales para internos vinculados a Orozco y a otro funcionario, Mario Andrés Ojeda. Entre las solicitudes se mencionan zapatillas, equipos deportivos e incluso “un buen whisky”.
Se mostró además un video en el que aparece una camioneta Ford Ranger que más tarde fue adquirida por Orozco, lo que refuerza las sospechas de maniobras con vehículos a través de la red de protección.
Testigos y desarrollo del juicio
El proceso se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal de San Luis, integrado por las juezas María Carolina Pereira, Gretel Diamante y María Paula Marisi. En esta audiencia declararon los oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Pablo Guzmán Zambelli y Marcos Copetti, quienes aportaron datos sobre seguimientos e informes que respaldan la acusación.
Las defensas cuestionaron parte de la prueba y plantearon objeciones: señalaron que en algunos chats se alude a Ojeda como “director”, lo que —según ellos— genera confusión sobre las jerarquías; también remarcaron la ausencia de conversaciones directas con algunos de los imputados y solicitaron careos entre testigos. El tribunal deberá resolver estas cuestiones en próximas instancias.
Contexto político y penitenciario
Los hechos investigados habrían ocurrido durante la gestión del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, con Claudio Latini como ministro de Seguridad y Segundo Giménez al frente del SPP.
El Ministerio Público Fiscal sostiene que la red de protección permitió que Churquina siguiera liderando operaciones de narcotráfico y lavado de dinero desde la cárcel, amparado por funcionarios penitenciarios que recibían dinero y favores a cambio de su colaboración.
Un entramado de poder
El avance del juicio deja expuesta la magnitud de la estructura que operaba detrás de los muros del penal. Los pagos millonarios, las visitas a domicilios particulares de funcionarios, los objetos de lujo y los vínculos con directivos penitenciarios son pruebas que comprometen seriamente a Churquina y a quienes lo rodeaban.
La fiscalía confía en que estos elementos consolidarán la acusación, mientras que las defensas insisten en cuestionar la validez de la prueba. El proceso continuará en los próximos días con nuevas audiencias y testimonios.
