Jury al juez Santiago Ortiz: la defensa denunció una acusación “endeble” y habló de un proceso desproporcionado
En el tramo final del Jury de Enjuiciamiento contra el juez de Garantía Santiago Ortiz, su abogado defensor, Dr. Roberto Pereira, cuestionó con dureza la acusación impulsada por el Procurador General, Sebastián Cadelago Filippi, y sostuvo que el proceso se apoya en una interpretación forzada de una excusación judicial que fue tramitada y resuelta por los carriles legales habituales.
En diálogo por videollamada con La Mañana de Mercedes, Pereira afirmó que el juicio político se montó sobre un hecho “normal, ordinario y transparente”, y advirtió que se está castigando al magistrado por haber actuado con prudencia institucional en una causa de alto impacto público como la del presunto vaciamiento del Molino Fénix y la Casa de la Música.
La excusación que derivó en el Jury
El eje del proceso contra Ortiz es su excusación en la causa del Molino Fénix, luego de que uno de los principales imputados alquilara, por dos días, un departamento administrado por un familiar del juez. Según explicó Pereira, el magistrado informó esa situación de manera inmediata y puso la decisión en manos de los mecanismos institucionales previstos.
“El Tribunal de Impugnación resolvió la excusación en apenas dos días, la causa no se demoró y el juez actuó con absoluta transparencia. Ahí debió terminar todo”, sostuvo el defensor.
Para Pereira, lejos de existir mal desempeño, Ortiz intentó proteger el proceso judicial y su propio buen nombre frente a un escenario que podía derivar en sospechas mediáticas o maniobras para desacreditar la causa.
“Si se excusaba, estaba mal; si no se excusaba, también”
Durante la entrevista, el abogado describió lo que calificó como una situación paradójica:
“Si no se excusaba, lo acusaban de coimero; si se excusaba, lo llevan a juicio político. Es el clásico ‘palo porque bogas y palo porque no bogas’”, graficó.
Pereira insistió en que la excusación fue una decisión legítima, fundada y revisada por los órganos correspondientes, y consideró “inexplicable” que ese episodio haya derivado en un Jury con semejante despliegue institucional.
Críticas al tono de la acusación
El defensor también cuestionó la forma en que el Procurador General se dirigió a testigos y al propio juez durante el proceso. Señaló que varios testimonios fueron tratados “casi como si fueran acusados” y que hubo un endurecimiento del discurso a medida que los relatos no coincidían con la hipótesis acusatoria.
“Los testimonios fueron claros, objetivos y coincidentes, pero no encajaban con lo que se pretendía sostener”, afirmó.
En ese marco, rechazó de plano la acusación de que Ortiz haya mentido: “Yo veo un juez honesto, trabajador, que actuó de buena fe. No hay mentira”.
Un debate institucional más amplio
Pereira advirtió además que el caso deja al descubierto una discusión de fondo sobre el sistema del Jurado de Enjuiciamiento, al que consideró desactualizado y en tensión con los principios del sistema acusatorio vigente.
“El Jury funciona con un esquema antiguo, inquisitivo, que no garantiza plenamente las reglas del debido proceso que sí rigen para cualquier ciudadano común”, planteó, y consideró que este caso puede convertirse en un precedente para impulsar una reforma legislativa.
Lo que viene
El Jurado de Enjuiciamiento dará a conocer su sentencia el viernes a las 10 de la mañana. Ortiz permanece suspendido hasta entonces. En caso de un fallo adverso, la defensa anticipó que recurrirá al Superior Tribunal de Justicia, a la Corte Suprema de la Nación y, de ser necesario, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Tenemos argumentos sólidos y esperamos una absolución”, concluyó Pereira, remarcando que lo que está en juego no es solo la situación de un juez, sino la independencia y la tranquilidad con la que debe ejercer su función el Poder Judicial.
