La ex fiscal Daniela Torres irá a juicio por quedarse con dinero secuestrado en un allanamiento
La Justicia rechazó el pedido de nulidad presentado por Daniela Torres, ex fiscal de Villa Mercedes, y dejó firme la imputación en su contra por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia a una orden judicial. Con esta resolución, la causa avanzará a la instancia de juicio oral, donde deberá responder por cuatro hechos vinculados al manejo irregular de dinero incautado durante un procedimiento judicial.
Un intento de anular la imputación
La ex funcionaria había solicitado que se declarara inválida la audiencia en la que fue formalmente acusada, ocurrida a fines de julio pasado, bajo el argumento de que existieron irregularidades procesales y cuestionamientos hacia el juez Santiago Ortiz, quien en ese momento estaba a cargo del Juzgado de Garantía Nº 3 en carácter de subrogante.
Ortiz fue posteriormente apartado del expediente por otra denuncia en su contra, y el caso pasó a manos de la jueza Natalia Pereyra Cardini, quien resolvió mantener vigente la imputación.
Durante la audiencia de este viernes, Pereyra Cardini rechazó el planteo de nulidad al considerar que el recurso presentado por la defensa fue extemporáneo. Según la magistrada, el pedido debía formularse dentro de los dos días de haber tomado conocimiento de las causas que lo motivaban, tal como establece el artículo 35 del Código Procesal Penal de San Luis. Sin embargo, la ex fiscal presentó el reclamo dos meses después.
Además, la jueza señaló que la audiencia de formulación de cargos tiene carácter informativo y no afecta garantías constitucionales, por lo que “no existió violación alguna al debido proceso”.
Qué se investiga
Torres está acusada de haber retenido indebidamente $473.020 que habían sido secuestrados en un allanamiento realizado en marzo de 2024.
Según la acusación, la ex fiscal no depositó ese dinero conforme lo exige la ley de secuestros judiciales y luego mintió en audiencia ante el juez Matías Farinazzo Tempestini, asegurando que el monto se encontraba en una cuenta oficial de Procuración, lo cual resultó falso.
Meses después, en octubre de 2024, el magistrado le ordenó restituir el dinero a su propietaria, María Lorena Rodríguez, pero Torres demoró más de diez días en cumplir la orden y tampoco respondió al pedido de informes del juzgado.
Estos hechos derivaron en cuatro imputaciones: dos por incumplimiento de los deberes de funcionario público y dos por desobediencia judicial, en concurso real.
La resolución judicial y próximos pasos
La jueza Pereyra Cardini ratificó la validez de la imputación realizada por Ortiz el 31 de julio, cuando el Juzgado Nº 3 aún no tenía titular designado tras la jubilación de la jueza Mirta Ucelay.
El fallo coincidió con los criterios de los fiscales Hugo Salazar Molina y Lucila Giampieri, quienes consideraron que no se vulneraron derechos de la defensa y que los planteos carecen de sustento legal.
Con la investigación penal ya concluida, los fiscales anunciaron que solicitarán en los próximos días la elevación a juicio.
La audiencia de control de acusación aún no tiene fecha, pero marcará el inicio formal del proceso oral contra la ex fiscal.
Renuncia antes del juicio político
Daniela Torres había renunciado a su cargo en octubre de 2024, luego de que el Superior Tribunal de Justicia notificara la intención de abrir un juicio político por su desempeño como fiscal.
Con esa dimisión, evitó el proceso disciplinario pero quedó sujeta a la causa penal, que ahora avanza con firmeza hacia el debate oral.
Fuentes judiciales señalaron que la resolución de este viernes “deja sin efecto cualquier intento de frenar la causa” y consolida la acusación por mal desempeño y desobediencia judicial.
De ser hallada culpable, Torres podría enfrentar una pena de inhabilitación y prisión condicional, según lo previsto por el Código Penal argentino.
