La justicia ordenó desalojar un campo propiedad del estado que había sido ocupado
La investigación y proceso administrativo comenzó pocos días después de que se hiciera cargo la nueva gestión de gobierno, el secretario de Ética y Control de Gestión Ricardo Bazla anunció la recuperación de un campo de casi 2000 hectáreas lindante al Pueblo Ranquel que se encontraba ocupado de manera irregular por un particular. Luego de idas y vueltas la justicia finalmente ordenó el desalojo y la restitución del inmueble. Hablamos con el Dr. José Olguín Fiscal de la causa que solicitó las medidas.
A raíz de una denuncia interpuesta desde la secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, el abogado Darío Oviedo, director de Legalidad, llevó adelante las gestiones que culminaron con la orden del fiscal Olguín, quien dispuso que la policía de Buena Esperanza notificara a los ilegales moradores que debían retirarse del campo de dos mil hectáreas, propiedad del Estado provincial.
Los ocupantes acataron la orden judicial y se retiraron del lugar. La Policía adoptó medidas de seguridad en protección del patrimonio de la Provincia. Oviedo también radicó una denuncia contra un supuesto productor agropecuario que pretende apropiarse de las dos mil hectáreas ubicadas en el sur provincial.
Por su parte, Ricardo Bazla, titular de Ética Pública y Control de Gestión, dijo que “la medida ordenada por el fiscal José Olguín reafirma los derechos del Gobierno de ejercer la posesión de un campo propiedad de la Provincia y deja atrás a los aprovechados del Estado que ilegalmente pretenden enriquecerse con dineros que nos pertenecen a todos los sanluiseños”.
“El doctor Olguín advirtió que quien pretenda ingresar de manera ilegal a la propiedad del Gobierno será detenido y sometido al proceso judicial de usurpación”, aseguró Bazla.
