La motosierra de Milei unió a todos los gobernadores por el reclamo de fondos
Desde el Senado se asoma un frente de tormenta para el Gobierno: las provincias acordaron proyectos para modificar el reparto del impuesto a los combustibles y los ATN, con apoyo transversal. También avanzan los aumentos a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad.
El ajuste fiscal que impulsa Javier Milei terminó por generar un efecto contrario al buscado: por primera vez desde el inicio de su mandato, los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño se unieron para reclamar en conjunto por fondos que el Gobierno nacional recauda pero no coparticipa. Desde el Congreso se anticipa una derrota parlamentaria que podría marcar un antes y un después en la relación entre la Casa Rosada y las provincias.
La ofensiva de los gobernadores se tradujo en dos proyectos de ley que buscan modificar el esquema de distribución del impuesto a los combustibles y de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con una clara consigna: asegurar que esos fondos se repartan automáticamente y conforme a los criterios establecidos por la Ley de Coparticipación Federal.
Las iniciativas fueron respaldadas por la mayoría de los bloques legislativos: Unión por la Patria, UCR, PRO, partidos provinciales y otros espacios opositores. En total, suman el apoyo de al menos 60 de los 72 senadores, un número que supera holgadamente los dos tercios necesarios para rechazar un eventual veto presidencial.
Reparto más equitativo
Uno de los proyectos propone que lo recaudado por el impuesto a los combustibles se distribuya del siguiente modo:
- 14,29 % al Tesoro Nacional
- 57,02 % a las provincias
- 28,69 % al Sistema Único de Seguridad Social
A su vez, el porcentaje destinado a las provincias se dividiría en un 25 % en partes iguales y el 75 % restante según los coeficientes de coparticipación vigentes.
El segundo proyecto apunta a los ATN y establece que estos fondos deberán repartirse de forma diaria, automática y con los mismos criterios que otros fondos coparticipables, lo que limitaría la discrecionalidad del Ejecutivo nacional. También se invita a las provincias y a CABA a adherir formalmente a este nuevo esquema.
Una mayoría transversal en el Senado
Los jefes de bloque que acompañaron la presentación de los proyectos incluyen a José Mayans, Juliana di Tullio, Fernando Salino, Anabel Fernández Sagasti (UP), Eduardo Vischi (UCR), Alfredo De Angeli (PRO), Mónica Silva (JSRN), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Carlos Espínola (Unidad Federal) y Martín Lousteau (UCR).
Este bloque opositor ya consiguió otra victoria: obtuvo dictamen favorable en la comisión de Presupuesto para los proyectos de aumento a las jubilaciones, la continuidad de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad. Todos tienen media sanción de Diputados y serán tratados en el recinto el 10 de julio.
Internas y tensiones
El oficialismo libertario intentó frenar estos avances. En la comisión de Trabajo y Previsión Social, la senadora Carmen Álvarez Rivero (PRO) protagonizó un intento fallido de impedir el debate. En la de Presupuesto, el libertario Ezequiel Atauche se negó a convocar a los senadores, pero fue desbordado por la mayoría opositora.
La reunión de Presupuesto se realizó de todos modos, con el aval de 10 de los 17 senadores que la integran. Participaron, entre otros, Fernando Salino, “Wado” de Pedro, Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri. La ausencia de transmisión oficial en vivo fue denunciada como “censura” por los legisladores presentes.
Próximos pasos
El 10 de julio será clave: tanto los proyectos impulsados por los gobernadores como los dictámenes de jubilaciones y discapacidad llegarán al recinto del Senado con un panorama favorable para ser convertidos en ley. Mientras tanto, el Gobierno nacional enfrenta un aislamiento legislativo inédito que podría tener impacto directo en su plan económico y político.
