En Lonquimay, La Pampa, un caso insólito dejó a todos con la boca abierta. Cristian Martín Galván, jefe de la subcomisaría local, está en el ojo de la tormenta tras o<rdenar a seis presos que hicieran de mozos, cocineros y limpiadores en su propia fiesta de casamiento.
El hecho ocurrió el 31 de mayo de 2024 en el salón Bar Véneto, a apenas una cuadra de la comisaría, y ahora el oficial inspector enfrenta un juicio por abuso de autoridad que podría costarle caro.
Todo salió a la luz cuando se descubrió que los seis detenidos salieron de la subcomisaría sin custodia, caminaron solos hasta el salón y se pusieron a trabajar: unos asaron un cordero, otros sirvieron a los 35 invitados y el resto limpió el lugar al terminar la fiesta. Luego, como si nada, volvieron a sus celdas por su cuenta. El fiscal Guillermo Sancho no lo podía creer: “Fue un incumplimiento grosero de los deberes de funcionario público. Galván tuvo suerte de que ninguno se escapara”, aseguró.El juicio se desarrolló en el Centro Judicial de Santa Rosa entre el miércoles y el viernes pasado, con testimonios que no dejaron lugar a dudas. Cuatro de los seis presos reconocieron su participación. Oscar Urrutia, con lágrimas en los ojos, admitió que se encargó del asado, mientras que Claudio Araneda confesó haber servido mesas. Otros, como Oscar Sánchez, intentaron hacerse los desentendidos al principio, pero terminaron admitiendo que llevaron leña o ayudaron con tareas menores. Dos internos, Oscar Meza y Juan Cuello, sostuvieron que no estuvieron en la fiesta, aunque sus versiones no convencieron del todo.
Galván, en su defensa, tiró la pelota afuera: dijo que todo era una “interna policial” y que él estaba de licencia ese día, dejando la subcomisaría en manos de otro oficial. Su esposa y familiares juraron que no había presos en la boda, pero las pruebas y los testimonios los desmintieron. Incluso salió a la luz un documento firmado por vecinos que supuestamente apoyaba la versión del comisario, pero varios admitieron que lo rubricaron sin leerlo.El fiscal pidió un año y tres meses de prisión en suspenso y dos años y medio de inhabilitación para cargos públicos. El juez Andrés Aníbal Olié dará su veredicto el 28 de julio. Mientras tanto, Galván enfrenta un sumario administrativo que podría ponerle fin a su carrera.
Este escándalo no solo expone un abuso de poder, sino que también deja en evidencia las grietas en los controles de una localidad chica como Lonquimay, donde estas cosas, al parecer, pasan desapercibidas hasta que estallan.
