La resolución que profundizó la crisis en Merlo: licencia indefinida y advertencias penales a la oposición
En una sesión extraordinaria marcada por cruces, chicanas y fuertes cuestionamientos al procedimiento, el Concejo Deliberante de la Villa de Merlo aprobó la Resolución N° 2459-C.D.-2026, un proyecto que no estaba incluido en el orden del día y que fue incorporado y tratado sobre tablas por la mayoría oficialista.
El texto redefine el alcance de la licencia sin goce de sueldo del intendente electo Juan Álvarez Pinto y sostiene que la misma se encuentra prorrogada de manera automática y por tiempo indeterminado, mientras continúe ejerciendo funciones como ministro provincial. La resolución afirma que esa prórroga opera “de pleno derecho” y que no requiere un nuevo pedido formal ni la intervención del Concejo.
Uno de los puntos más controvertidos establece que el eventual regreso de Álvarez Pinto al Ejecutivo municipal se concretará únicamente mediante la presentación de una “nota simple”, sin necesidad de tratamiento legislativo, lo que en los hechos clausura cualquier debate futuro sobre la licencia.
La resolución avanza además sobre el rol de la oposición. En artículos específicos, intima a los concejales Ana Laura Ferrarotti, Daniel Orué y Lucía Miranda a realizar “explicaciones públicas” en un plazo de 72 horas hábiles, por haber advertido públicamente el presunto vencimiento de la licencia y la existencia de un vacío institucional en el Ejecutivo municipal.
El texto va más allá y advierte que, ante el silencio o la negativa de los ediles, la Presidencia del Concejo Deliberante impulsará acciones penales, al considerar que sus manifestaciones podrían haber afectado la tranquilidad y la paz social de la comunidad.
La sanción de la resolución se produjo luego de que la oposición presentara acciones judiciales solicitando que se investigue a Álvarez Pinto por un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público y al intendente interino Leonardo Rodríguez por presunta usurpación de cargo y honores.
El proyecto fue aprobado exclusivamente con los votos del oficialismo, en una sesión que terminó en escándalo y cuyo procedimiento continúa siendo cuestionado por la oposición, profundizando una crisis institucional que ya trascendió el ámbito del Concejo y se trasladó al plano judicial y político.
