La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) declaró la emergencia salarial y presupuestaria para todo el ejercicio 2026, en medio de un escenario crítico para el sistema universitario argentino. La decisión fue adoptada por el Consejo Superior este martes 17 de marzo, en respuesta al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional.
Desde la casa de estudios señalaron que la falta de actualización de los recursos previstos por ley genera un desfinanciamiento que compromete el funcionamiento básico de la institución.
Impacto directo en estudiantes
Uno de los puntos más sensibles es el efecto sobre las políticas de bienestar estudiantil. Las autoridades advirtieron que el sostenimiento de becas se encuentra en riesgo, lo que podría afectar el acceso, la permanencia y la finalización de los estudios superiores.
En ese sentido, remarcaron que estas herramientas son clave para garantizar igualdad de oportunidades en el sistema público.
Salarios en caída
La resolución también pone el foco en la situación de los trabajadores docentes y nodocentes. Según datos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), los salarios docentes acumulan una pérdida del 34% en términos reales desde noviembre de 2023, producto del desfasaje frente a la inflación.
Este deterioro salarial es señalado como uno de los factores centrales del conflicto que atraviesa el sector.
Presupuesto 2026, con recortes reales
Las autoridades universitarias advirtieron que el Presupuesto Nacional 2026 no contempla los incrementos necesarios para cubrir los gastos de funcionamiento.
En algunos rubros, los recortes reales alcanzan niveles cercanos al 60%, lo que pone en jaque el normal desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de investigación.
Además, informes independientes indican que el presupuesto universitario ya había caído un 28,9% entre 2023 y 2025, y se proyecta una nueva baja del 7,6% para este año.
Acciones judiciales y conflicto en escalada
Frente a este escenario, el Consejo Superior instruyó al rector Raúl Gil a continuar con las acciones judiciales impulsadas junto al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el objetivo de exigir el cumplimiento de la ley vigente.
El conflicto universitario se arrastra desde 2024. En diciembre pasado, el juez federal Enrique Cormick dictó una medida cautelar que ordena al Gobierno nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, la decisión fue apelada por el Ejecutivo, que propuso un esquema de aumentos salariales del 4,1% en tres tramos, considerado insuficiente por el sector.
En este contexto, la UNSL se suma a otras universidades del país que advierten sobre un escenario de emergencia y reclaman soluciones urgentes para garantizar el funcionamiento del sistema público de educación superior.
