El vocero Manuel Adorni mostró una radiografía de un perro incorporada en el expediente de una persona recibía el beneficio social
Una auditoría del la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo de Diego Spagnuolo, y que es investigada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, detecto “un esquema de corrupción” a través del cual se otorgaron pensiones por discapacidad “truchas”. Entre los miles de legajos analizados por un equipo médico detectó que, por ejemplo, que gestionó el organismo autorizó una pensión con la radiografía de un perro.
Según la información que transmitió el vocero presidencia Manuel Adorni, “en 2022, un médico correntino -por supuesto está de más decirles de dudosa ética profesional- adjuntó al certificado que hizo para la obtención de una pensión por un trastorno de disco-lumbar e hipertensión la radiografía de un perro”.
El vocero mostró en la conferencia de prensa la imagen: “Vean la radiografía del perro que se usó para que otorgaran la pensión tiene la cola del perrito. Con esto otorgaron una pensión por invalidez”.
El funcionario mostró la radiografía en la conferencia de prensa matutina en Casa Rosada
En su conferencia diaria, desde la Casa Rosada el funcionario agregó: “Lo que suena increíble -porque uno puede confundir cualquier cosa- es la cola del perrito. ¿Qué se pensaban que era la cola del perrito? ¿Qué era la cola? Este era el nivel de descontrol que había en las pensiones por discapacidad”, afirmó.
Las auditorías revelaron que había expedientes en los que se otorgó una pensión por invalidez laboral con la radiografía de un perro. “El desvío de fondos fue de un 40% sobre el monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad”, sostienen desde la ANDIS ante una consulta de este medio y estimaron el dolo para el Estado en uno 3.400 millones de dólares anuales.
La radiografía del “perrito” no fue la única maniobra irregular y por fuera de toda ética médica que se utilizó para obtener una pensión laboral por invalidez.
En otros expedientes también se detectó la radiografía de un mismo hombro fracturado en 157 expedientes. “Tenemos radiografías bajadas directamente de Google. También tenemos constancias de análisis de laboratorios repetidos y hasta un certificado médico que acredita la supuesta dolencia del paciente que en teoría no podía trabajar por una incapacidad grave, que, en vez de describir la dolencia de la persona, reprodujo un poema de Arias Uriburu titulado ‘la Herida’. Ese es el diagnóstico médico que justificaba la documentación médica que justificaba el pedido de la pensión por invalidez”, describió un funcionario.
“No había controles médicos en la ANDIS. Se aprobaron los expedientes sin una auditoría médica”, informaron desde la ANDIS. “Nos acusan que desde la llegada de La Libertad Avanza a la ANDIS ‘la discapacidad está en emergencia’ que realizamos recortes a las prestaciones y eso es falso. Nosotros solo recortamos los curros. En la Agencia, dónde tocas sale pus”, opinó el funcioncionario del organismo que fue trasladado de la Jefatura de Gabinete al Ministerio de Salud de la Nación.
Al parecer, ejemplos sobran. “Se ve que había mucho para festejar en la Agencia -describe- y apunta: el gobierno anterior pagó más de 35 millones de pesos para actividades como ‘presentación artística de Ignacio Copani. para el cierre del evento de apertura del recorrido fotográfico por la memoria’”. La resolución por la contratación del cantautor establece que se realizó sin la evaluación económica de otros artistas “por su propuesta y calidad artística”.
Desde la ANDIS informa que también se recortaron los “presentes y regalos institucionales” y entre otros gastos “servicio gastronómico para el día de las infancias; para el rodaje de un spots; catering para un evento, servicio gastronómico para la apertura del ‘punto digital’; servicio gastronómico para el evento de un guardavidas”
Manuel Adorni también informó que se citarán a los más de 1,2 millón beneficiarios de pensiones por incapacidad laboral. “Los gobiernos kirchnerista montaron, desde el año 2003 un sistema ilegal donde participaron gobernadores, intendentes, punteros políticos, médicos y prestadores de salud”.