Marcela Torres Cappiello asumió como defensora General de la Provincia
La nueva autoridad del Ministerio Público de la Defensa juró este martes en un acto encabezado por el Superior Tribunal de Justicia. También asumieron otros magistrados y funcionarios en la primera y tercera circunscripción.
Este martes, en un acto realizado en el Superior Tribunal de Justicia, asumieron cinco nuevos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de San Luis. La ceremonia estuvo encabezada por el presidente del STJ, Jorge Levingston, acompañado por los ministros Carolina Monte Riso, Eduardo Allende, Víctor Endeiza y Guillermo L’Huiller. En representación del Ejecutivo provincial participó el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain.
Torres Cappiello, nueva autoridad máxima de la Defensa Pública
La primera en jurar fue Marcela Torres Cappiello, quien asumió como defensora General de la Provincia, el cargo máximo del Ministerio Público de la Defensa. Tendrá bajo su responsabilidad la coordinación de los defensores públicos de los fueros civil, penal, niñez, adolescencia e incapaces, además del Registro Único de Adoptantes.
En diálogo con la prensa, Torres Cappiello destacó que su gestión buscará “perfeccionar, profesionalizar y fortalecer la función social de la defensoría”, subrayando que el organismo trabaja prioritariamente con sectores vulnerables.
Designaciones en la tercera circunscripción
Durante la ceremonia también prestó juramento José Ramiro Bustos, nuevo juez de Cámara de Apelaciones en materia civil, comercial, ambiental, familia, niñez, adolescencia, violencia y laboral; y Javier Alejandro Corigliano, quien asumirá desde este miércoles como juez del Juzgado Civil, Comercial, Ambiental y Laboral N°2, en carácter provisorio.
Nuevos cargos en la primera circunscripción
Finalmente, asumieron Jorge Nahuel Lede Zajic como defensor de Niñez, Adolescencia e Incapaces Nº 2, y Andrea Belén Suárez como defensora Adjunta, ambos de la Primera Circunscripción Judicial.
Reformas judiciales y desafíos de gestión
Consultada sobre la mora judicial y los recientes cambios aprobados —como la reducción de la Feria Judicial desde 2027— la defensora General afirmó que “la mayoría de los defensores trabajamos por urgencias” y consideró adecuada la reducción, destacando que la feria “organiza licencias y evita retrasos”.
Entre las estrategias para mejorar los tiempos de respuesta mencionó la necesidad de avanzar en informatización, digitalización e inteligencia artificial. Además, confirmó que el Ministerio Público de la Defensa tendrá como sede el anexo del edificio judicial de calle Rivadavia.
